La tranquilidad expresada ayer por Ángel Hernández, el marido de María José Carrasco, enferma terminal, a la que ayudó a morir, contrasta con la tormenta desatada en la clase política sobre la legalización de la eutanasia, en la que también ha entrado la Iglesia católica. «No tengo miedo, estoy tranquilo, mi mujer dejó de sufrir», decía una y otra vez Ángel Hernández en su domicilio, donde convocó a los medios de comunicación para hablar, una vez que quedó la noche del jueves en libertad tras prestar declaración como imputado por un delito de auxilio o cooperación al suicidio en un juzgado de Madrid.

Y lo hacía, según insistía, tranquilo para «seguir con la batalla» de la regulación de la eutanasia, para que otras personas no tengan que padecer los fuertes dolores que desde hace meses tenía María José por su esclerosis múltiple. «Llevaba 48 horas sin dormir y no había podido hacerlo en los calabozos, ha sido imposible; afectado, allí encerrado, no he podido hacer el duelo de mi mujer», se lamentó, no obstante Ángel, quien reclama una ley de regulación de la eutanasia que «está en el Parlamento, se ha intentado que se aprobara pero tanto el PP como Ciudadanos la han bloqueado».

Su defensa va a pedir que se aplique la atenuante que contempla el artículo 143.4 del Código Penal para que no tenga que entrar en prisión, pero no descarta solicitar el indulto si hay una sentencia condenatoria.

POSICIÓN DEL GOBIERNO / Esta decisión estaría en manos del Gobierno, pero ayer su portavoz, Isabel Celáa, no entró en el asunto, aunque sí expresó el compromiso del Gobierno de impulsar «la regulación del derecho a una muerte digna con todas las cautelas» y llevarlo «cuanto antes» al Parlamento para su aprobación. Celáa subrayó que no le «parecen de recibo» las críticas de la oposición de que el Gobierno haya utilizado la eutanasia en campaña.

La necesidad de una ley de eutanasia la defendió la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, en una entrevista con Efe, en la que opinó que cuando una persona tiene una enfermedad incurable o está en fase terminal, la decisión de poner fin a su vida es exclusivamente suya y no deben intervenir criterios religiosos, morales, éticos, médicos o judiciales.

La mayoría de las críticas han venido del PP, que reprochó al PSOE y al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su «electoralismo» por abrir un debate sobre la eutanasia en plena campaña, mientras que se mantiene en su postura de apostar por los cuidados paliativos como medida para las personas que se encuentran en el «proceso de morir».

Desde Ciudadanos, su secretario general, José Manuel Villegas, defendió la necesidad de regular la eutanasia y recordó que la ley impulsada por su partido de muerte digna y cuidados paliativos no pudo salir porque el presidente Sánchez convocó elecciones. Para el líder de Podemos, Pablo Iglesias es «indecente» que una persona pueda ser detenida y encarcelada por «un acto de humanidad» como el que realizó Ángel Hernández al ayudar a morir a su esposa.

Las asociaciones que defienden la sanidad pública han urgido a regular la eutanasia y han criticado la alianza entre PP y Ciudadanos, que ha paralizado el debate del proyecto de ley presentado en el Congreso y creado «una situación inasumible para personas en situaciones intolerables».

DESPENALIZACIÓN / En el ámbito judicial, los fiscales progresistas (UPF) han pedido la despenalización de las conductas eutanásicas, con la elaboración de una ley en la que se regule el suicidio asistido, porque el «poder legislativo no puede seguir ignorando la voluntad popular soberana». Para los fiscales, cuando se ha preguntado a la sociedad «sin restricción de edad, credos ni adscripción política, ha manifestado de forma abrumadoramente mayoritaria su voluntad de que se regule legalmente la eutanasia».