Gobierno central y comunidades autónomas se verán este miércoles de nuevo las caras para abordar la situación de los menores extranjeros no acompañados (menas) y revisar los protocolos de actuación. Andalucía volverá a reclamar en la reunión interterritorial la solidaridad de todos los territorios a la hora de atender a estos niños, aunque da un paso más y propondrá que se trabaje en el convenio suscrito con Marruecos en el 2012 para repatriar con sus familias “con todas las garantías” a los menores de esta nacionalidad que lleguen a las costas españolas.

El ejecutivo andaluz reconoce que está desbordado por la situación, máxime cuando la llegada de inmigrantes ha subido un 163% respecto al 2017: a finales de agosto eran ya 28.630 personas. Los niños extranjeros suponen el 70% de las plazas de los 208 centros de menores repartidos por la región. Según sus datos, en lo que va de año se ha atendido a 4.098 menas, con una inversión de 45,4 millones de euros. Apenas da tiempo a habilitar nuevas plazas, que quedan ocupadas sobre la marcha. Pero los recursos “no son ilimitados”, recordó este lunes la presidenta andaluza Susana Díaz, insistiendo en que la inmigración “no se puede trocear”. Es inviable pretender, dijo en una entrevista en la Cadena Ser, que cuando un inmigrante llega en patera si tiene más de 18 años “sea para España”, y si tiene menos de esa edad “sea para Andalucía” por el mero hecho de haber llegado a sus costas, de ahí que se reclame más financiación y que se mejoren los protocolos y las pruebas para confirmar la edad de los menores.

“Lo que pedimos es que la responsabilidad sea compartida, y que los menores sean acogidos por todas las comunidades autónomas”, insistió ayer el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, reclamando al Ejecutivo central que “haga una redistribución de esa responsabilidad para que no recaiga toda en Andalucía”. Un reparto apoyado también por País Vasco, que lamentó ayer que haya hay territorios donde se “concentran sistemáticamente casi la totalidad” de los menas “y otros que no acogen prácticamente ninguno”.

El gobierno andaluz no oculta que en la reunión sectorial propondrá incluso modificaciones legislativas “para reforzar la competencia en el ámbito estatal” en materia de inmigración “y separarla claramente de lo que es la competencia autonómica, que es la atención a los menas”, de forma que el Ejecutivo central tenga la capacidad de decir dónde se puede atender mejor a estos menores y haga el reparto. Una situación que, según Blanco, ya se vio en la crisis de los cayucos en el 2016.

La propuesta andaluza incluye además que se reactive del acuerdo suscrito con Marruecos para propiciar el reagrupamiento familiar de los menores de esta nacionalidad, que suponen el grueso (siete de cada 10) de los menas que desembarcan en las costas andaluzas. Una repatriación, defendida también por el Gobierno de Ceuta, que se estudiaría caso por caso y “siempre con el criterio básico de la protección de los menores”, a los que se garantizaría una formación y que estarían en un lugar seguro.