El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó ayer el anteproyecto de Ley de medidas frente al Cambio Climático, que fija como objetivo mínimo la reducción en el 2030 de un 18% del nivel registrado de dióxido de carbono (C02) en el año 2005, que era de 4,28 toneladas por habitante y año.

Los objetivos de reducción de emisiones se adaptarán cada seis años en función de los datos y los acuerdos internacionales que se puedan alcanzar en dicho periodo, según explicó el consejero de Medio Ambiente, José Fiscal.

Se trata de la segunda normativa de estas características en España, tras la aprobada en Cataluña, aunque en este caso se ajusta a los acuerdos de la Cumbre de París, suscritos por un centenar de regiones del mundo para lograr que la temperatura no supere en dos grados la que había en la era preindustrial.

La nueva normativa, que se remitió ayer mismo al Parlamento, incluye un régimen sancionador, con multas que van desde los 30.000 euros hasta los 60.000, además de la incapacidad de recibir subvenciones cuando se cometan faltas graves.

La norma se dirige a las denominadas «emisiones difusas», que suponen un 55% de la contaminación vinculada al cambio climático y que se encuentran en situación de vacío legal al no estar sujetas al Régimen Europeo del Comercio de Derechos de Emisión.

Los municipios con más de 50.000 habitantes de población vinculada (beneficiaria de los servicios municipales) deberán elaborar programas de cambio climático.