El ministerio público mantiene como definitiva su acusación de asesinato con alevosía contra Ana Julia Quezada por la muerte de Gabriel Cruz, por lo que pide como condena prisión permanente revisable. Asimismo, solicita que se considere como agravante el parentesco, al ser el hijo de su pareja. Un agravante que «merece mayor reproche penal» y que extiende al delito de daño psicológico al progenitor, Ángel Cruz. En un durísimo relato final, la fiscala cargó ayer contra la personalidad «fría y calculadora» de Quezada, de quien asegura que «la única verdad que ha dicho es que mató a Gabriel» para quitarse un «obstáculo» en su relación y que para ello «iba buscando el momento propicio», incidiendo en la premeditación. «Esa absoluta frialdad probablemente no la volveré a ver en otros acusados», aseveró. En su turno de última palabra, Quezada pidió disculpas a los padres de Gabriel y a toda la familia del niño, así como a su propia familia y «a todos aquellos que se hayan podido sentir mal por lo que he hecho». «Solo espero que Dios me perdone», dijo sollozando.

La acusación particular, por su parte, insistió en que sí hubo ensañamiento con el menor, apoyándose en los golpes laterales en la cabeza que presentaba su informe médico y que, subrayan, la autopsia oficial no supo ver. El abogado resaltó que Quezada «es una sociópata autentica». «Que no les tiemble el pulso, esta mujer no tiene el mismo derecho a respirar el mismo aire que respiramos nosotros, hay que apartarla de la sociedad, porque va a matar a más niños con toda seguridad, y estoy convencido de que no es el primero al que mata», dijo el abogado en alusión a las sospechas sobre la muerte de su primera hija.

Mientras tanto, la defensa que representa a Quezada ha cambiado su calificación a un delito de homicidio por dolo eventual con atenuantes, manteniendo que las pruebas no permiten probar ni el ensañamiento en la muerte de Gabriel ni la premeditación. El abogado insistió en que su comportamiento, que llega a calificar de chapucero, prueba que no hubo esa intención de acabar con la vida del menor con antelación, dado que en otras ocasiones estuvo a solas con el menor y tuvo oportunidad. También tuvo oportunidad, afirmó, de matar al menor con un solo golpe fuerte, o de deshacerse del cadáver de otra manera, y no ocultándolo en una pequeña oquedad de 10 centímetros de profundidad donde no cabía. «Lo hubiera podido tirar al mar y asunto zanjado».

En este sentido, la defensa de Quezada también ha rechazado que las pruebas acrediten que hubo intención de humillar a los padres o la familia de Gabriel en los días posteriores, causando ese daño psicológico que reclama la acusación. Justificó su conducta porque iba bajo la influencia de las pastillas, lo que le movía a actuar de una forma errática y, por ejemplo, perder el móvil. «Lo hubiera podido dejar apagado, y no encendido para que se localice a los pocos minutos».

CONCLUSIONES FINALES / En su conclusiones finales, la fiscala aseguró que del relato de los hechos queda acreditada «una inquina y una aversión intensa a este niño, que le lleva a una intencionalidad perversa y consolidada en el tiempo». Pero también inquina a la madre, como prueba una conversación interceptada a Quezada en la que comenta la desaparición del niño e insulta a la madre, Patricia Ramírez, asegurando que «tiene deudas con todo el mundo», con absoluto desprecio a su devastación de la madre, o el estado imperturbable con el que asistió a la declaración de la madre. El ministerio publico mantiene que Quezada quería quitarse «un obstáculo» en su relación con el padre, Angel Cruz. «Si eliminaba al niño, eliminaba el vínculo afectivo entre padre e hijo», afirma, «era consciente de lo que iba a hacer y buscaba la oportunidad, el momento propicio, que pudo haber sido otro día».

La Fiscalía y la acusación particular han mantenido su petición de prisión permanente revisable para Ana Julia Quezada, mientras que su defensa ha modificado su petición de prisión, introduciendo las atenuantes de confesión, de arrebato y de actuar bajo la influencia de drogas y sostiene que cometió homicidio por imprudencia grave (3 años) o, subsidiariamente, homicidio doloso, castigado con 15 años de cárcel, en lugar de 10 como pedía.