La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (Apdha) alertó ayer de las «sistemáticas vulneraciones» de los derechos de la infancia migrante que «evidencian el racismo institucional en un Estado, que les trata como migrantes antes que como menores» lo que, a su juicio, «le lleva a incumplir la legislación internacional, nacional y autonómica que obliga a la protección de los niños sin discriminar por nacionalidad». Estas son algunas de la conclusiones que se muestran en el informe sobre Infancia Migrante que la organización presentó ayer y que amplía con una investigación específica sobre menores, bajo el título ‘Informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2019’.
La organización explicó que la llegada de infancia migrante es una realidad presente en Andalucía desde hace más de 20 años, pero «es en los últimos años en los que se viene produciendo un aumento de los niños, niñas y adolescentes que migran sin la compañía de una persona adulta, cuando ha cobrado especial importancia ante la falta de previsión, planificación y coordinación entre las distintas instituciones».
Según las estadísticas que elabora la Apdha, durante 2018 llegaron al Estado un total de 7.053 menores, casi el doble que el año anterior, de los que 6.063 eran niños que migraron sin compañía de una persona adulta, según los datos de Unicef.
Asimismo, la organización ha apostillado que «no se vela por el interés superior del menor ni se respeta la Convención de Derechos del Niño, cuando todas las actuaciones del Estado español van encaminadas más a la exclusión que a la acogida». «Ejemplos de ello son las condiciones absolutamente intolerables en las que se encontraban los niños en Jerez, Córdoba y Sevilla, durmiendo en el suelo y sin las mínimas medidas higiénico-sanitarias, las trabas en la declaración de desamparo y la tramitación de la residencia, la imposibilidad del acceso a la educación a los mayores de 16 o la falta de recursos en mediación».
