Fumata blanca en Berlín. Tras una noche en blanco y más de 18 horas de «duras negociaciones», el Gobierno de la cancillera Angela Merkel acordó ayer un paquete de medidas con el que pretende combatir el cambio climático e impulsar una nueva transición verde en Alemania.

Ha sido un parto muy difícil pero se espera que marque la legislatura y el legado de la canciller. Y es que el pacto entre conservadores (CDU/CSU) y socialdemócratas (SPD) fija la introducción de un precio para las emisiones de dióxido de carbono (CO2) en el sector de la construcción y el transporte que encarecerá el uso de gasolina, diésel, gasóleo para la calefacción y gas natural. Ese aumento se aplicará a través de un mecanismo de comercio de emisiones y se pondrá en marcha a partir del 2021. Así, la visión de los de Merkel se impuso mientras que la petición socialdemócrata de crear un impuesto al CO2 fue descartada. El objetivo compartido de las negociaciones fue impulsar un plan en el que las nuevas políticas no perjudiquen ni a la industria ni tampoco a la clase trabajadora, un plan «económicamente sensato y socialmente aceptable», como lo describió Merkel. Así, ese encarecimiento del gas de efecto invernadero se compensará con incentivos y beneficios fiscales para aquellos que se pasen a energías más limpias. Según avanzó la prensa en los últimos días, el ejecutivo destinará hasta 54.000 millones de euros a un plan que han descrito como «ambicioso». Su misión será cumplir con unos objetivos climáticos de 2030 que aún quedan lejos, eso es, con una reducción del 55% de las emisiones de CO2 en base a las de 1990.

En las más de 200 páginas del documento figuran medidas como sancionar los coches más contaminantes e incentivar los eléctricos, encarecer los vuelo nacionales y reducir el precio del transporte público, transformar la agricultura a un sistema con menos emisiones, construir más puntos de carga para coches eléctricos o prohibir la calefacción de gasóleo a partir del 2030.