Unas 150.000 personas dependientes con derecho reconocido a recibir alguna prestación o servicio han fallecido en los últimos cinco años sin llegar a percibir esas ayudas, es decir, que unas 90 personas mueren al día esperando que se materialice su derecho a una atención, según el dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. En este trabajo también se ha puesto nota a las comunidades: Andalucía aprueba con un 6,79. Las notas más altas son para Castilla y León, con un 8,93, y La Rioja, puntuada con un 7,86.

El trabajo analiza a nivel nacional y por comunidades autónomas los datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a 31 de diciembre del 2016, cuando constaban 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración, lo que significa que el 2,6% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.

LISTA DE ESPERA / De esa población con dependencia reconocida, y derecho por tanto a recibir alguna prestación o servicio, el 28,69%, 348.309 personas, no estaba recibiendo ayuda de ningún tipo, aunque el 35% de ellas, unas 122.000, han sido diagnosticadas como dependientes de grado II o grado III, de modo que tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado.

No obstante, la tasa de lista de espera varía en función de las comunidades autónomas, pues mientras en Castilla y León solo el 0,61% de los dependientes reconocidos están esperando, en Canarias son el 45,22%. Por encima de la media nacional están también Cataluña, donde el 41,72% de los dependientes aún no tienen la ayuda reconocida; Aragón, con el 37,36% esperando; Castilla-La Mancha, donde la lista llega al 35,96%; Andalucía, con un 35,82%; Navarra, donde es del 30,75%; y Extremadura, con el 30,45%. En el lado opuesto, siguen a Castilla y León con menor lista de espera de dependencia, Ceuta y Melilla, con un 4,11%; Madrid, con un 14,42%; Asturias, donde la tasa está en el 15,6%; y Murcia, con un 16,48%.

«En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Esas personas no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones», denuncia el observatorio.

RECORTES / Por otra parte, se refiere al presupuesto para la atención de estos dependientes y señala que «el recorte acumulado» de la Administración General del Estado en dependencia desde 2012 «es de 3.734 millones de euros, considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares». En concreto, afirma que la financiación a las comunidades autónomas (nivel mínimo y acordado) desde julio de 2012 hasta diciembre de 2016 se ha reducido en 2.236 millones de euros. Mientras, en las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares el Estado ha dejado de invertir «casi mil millones de euros», recortes estos que, además, «supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del sistema», según el observatorio.

PUESTOS DE TRABAJO / «Los costes de oportunidad solo por no haber mantenido la ya parca financiación estatal inicial entre el 2012 y el 2016 se cifran en una pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA y Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio», dice el informe. Asimismo, asegura que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2016 asciende a 7.116,1 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 5.670,8 millones mientras el resto (1.455,3 millones) «lo aportan los usuarios en forma de copago regulado».