La Guardia Civil ha asestado uno de los mayores golpes a la mafia nigeriana en Europa, en una operación en la que por primera vez ha colaborado sobre el terreno la policía de ese país africano y que se ha saldado con 89 detenidos, 43 de ellos ya en prisión, y 39 mujeres que eran obligadas a prostituirse, liberadas. Los detalles de la operación Nanga-Parbat contra la trata de seres humanos y la explotación sexual, coordinada por Europol con la colaboración de la agencia británica contra el crimen (NCA), los dieron ayer sus responsables, encabezados por el teniente coronel Javier Rogero, jefe de Delincuencia Organizada de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La operación, se desarrolló en Vizcaya, Navarra, Cantabria, Madrid, Guadalajara, Toledo, Alicante, Málaga, Murcia, Sevilla, Almería y Barcelona, con 41 registros en la mayoría de esas provincias, así como en Manchester (Reino Unido). Las mujeres liberadas, varias de ellas menores de edad, eran coaccionadas por las organizaciones bajo ritos de Vudú-Juju; algunas de ellas, como las localizadas en el municipio almeriense de Cuevas de Almanzora, eran explotadas en casas-cueva en condiciones de extrema precariedad y todas eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar una deuda con la red de unos 30.000 o 35.000 euros.

Dieciocho mujeres relataron a los agentes su situación, según reveló Rogero, que explicó que las nigerianas cobraban entre 5 y 10 euros por servicio, por lo que es imaginable el tiempo que tardaban en pagar esa deuda y el que, por tanto, estaban bajo el «yugo» de la organización, que obtenía beneficios de 400 euros semanales por cada víctima. Tratadas como «mercancía», las mujeres eran captadas en su país por redes de inmigración irregular y recorrían 4.200 kilómetros por África hasta llegar a las costas de Libia, desde donde partían por mar hasta los campos de inmigrantes de Lampedusa (Italia) y desde allí la organización las repartía por varios países europeos. Es el recorrido que realizó una víctima menor de edad, cuya denuncia a la Guardia Civil en Torrevieja (Alicante) dio origen a la investigación.