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POR LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA

40 años de cárcel para una mujer por prostituir a sus tres hijos menores con un anciano

La madre obligó a sus hijos a mantener las relaciones 'con golpes' o amenazándolos con 'no darles de comer'

 

El mazo de un juez, en una imagen de archivo. - ARCHIVO

Julia Camacho
26/03/2019

Obligaba a sus tres hijos, de entre 9 y 15 años, a prostituirse con un anciano de 79 años a cambio de dinero, y les daba palizas o castigaba sin comer si no accedían. Ahora, la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a la mujer a 39 años de cárcel como cooperadora necesaria de dos delitos continuados de agresión sexual en concurso ideal con dos delitos continuados de prostitución de menores, los mismos por los que condena a otros 36 años de cárcel al hombre. Asimismo, el fallo establece otra pena de un año de prisión para la progenitora por maltrato habitual.

El fallo refleja el calvario de los tres chicos durante su infancia y adolescencia, al cuidado de una madre adicta al alcohol y las drogas que agredía habitualmente a sus hijos, con palizas muy frecuentes si aquellos no accedían a hacer lo que ella quisiera. Así, además de las citas sexuales con un conocido de avanzada edad, los chicos tenían que ocuparse de las labores de la casa o de cuidar a sus hermanos más pequeños. La sentencia señala que la madre les golpeaba sin justificación alguna, lo que unido a las conminaciones continuas de causarles daño, generó una situación habitual de miedo y de inseguridad en sus hijos, que han sufrido estrés postraumático y alteraciones conductuales y emocionales.

REGALOS PARA "QUITARLE LA VIRGINIDAD"

Pero el grueso de la condena de la Sección Séptima de la Audiencia de Sevilla hace referencia a los abusos sexuales, en algunos casos con penetración. Según los hechos probados, al comenzar la adolescencia de la mayor de sus hijas, la madre la obligó a mantener encuentros de carácter sexual con el acusado a cambio de recibir éste una suma de dinero que previamente habían concertado. Los encuentros se prolongaron al menos dos años, hasta que la menor cumplió 15 años y abandonó el domicilio familiar para marcharse a vivir con su padre. Según narró, esos encuentros se produjeron casi todos los días a diferentes horas, y a veces en presencia de su madre. Algunos de los encuentros se produjeron en el bar del acusado de madrugada, antes de que abriera, obligando la madre, a través del miedo que le infundía, a que la niña se levantara de la cama para acudir a la cita. Otros encuentros fueron en el domicilio particular o la casa de campo, esperando en ocasiones a que el acusado estuviera solo.

La macabra rutina se repitió con su hermano mediano, cuando el chico contaba con entre 14 y 15 años de edad, y se prolongaron al menos unos cinco meses. También con la hermana menor, de 9 años. Dependiendo del tiempo del que dispusiera el acusado, le tocaba sus partes íntimas por encima de la ropa o la desnudaba e intentaba penetrarla () ofreciéndole además regalos para quitarle su virginidad.

DEBERES ELEMENTALES

Los jueces entienden que los testimonios prestados por las tres víctimas carecen de incredibilidad subjetiva, ya que tendían a no exagerar los hechos, sino más bien a minimizarlos por el sentimiento de vergüenza o como forma de autoprotección. Además, aparecen corroborados por diferentes datos objetivos.

El fallo reprocha que la condenada incumplía sus deberes más elementales como progenitora de los mismos, pues no atendía el aseo del domicilio familiar, ni de sus hijos menores, ni los llevaba al médico ni al colegio, provocando una situación de total abandono de los mismos que dio lugar a que dos de sus hijos hayan sido declarados en situación de desamparo y acogimiento residencial. Los dos permanecen en estos momentos tutelados por la Junta de Andalucía. La sala aprecia la agravante de parentesco respecto de los delitos de prostitución de menores y las atenuantes de grave adicción (tanto al alcohol como a las drogas) y alteración psíquica respecto de los dos delitos de maltrato habitual.

Además de las penas de cárcel, sobre la que el tribunal fija un límite máximo de cumplimiento de 20 años, la sentencia establece que ambos acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente con un total de 140.000 euros a las tres víctimas.