La Consejería de Salud ha registrado del 1 de junio al 31 de agosto de este año 23 agresiones a sanitarios en la provincia de Córdoba, según se ha desprendido de la comparecencia de la consejera de Salud, Marina Álvarez, hoy en el Parlamento andaluz, en la comisión de salud. En dicha comisión, Álvarez ha reiterado la "sensibilidad y compromiso" del Servicio Andaluz de Salud (SAS) con las agresiones a profesionales, ante las que pide "tolerancia cero", y precisó que desde el 1 de junio hasta el 31 de agosto han sumado en Andalucía un total de 213, 52 físicas y 161 no físicas, siendo Málaga la provincia que más casos ha registrado con un total de 49.
Además, en Sevilla ha habido 43, 30 en Jaén, 23 en Córdoba, otras 23 en Huelva, 19 en Cádiz, 17 en Almería y nueve en Granada, según los datos aportados por la consejera durante su intervención, en la que ha afirmado que "se trata, sin duda, de un tema muy sensible, que ha aumentado en los últimos años en todas las comunidades, y que exige una respuesta de toda la sociedad en su conjunto". "Nuestro objetivo es conseguir un estado de tolerancia cero frente a las agresiones, y para ello ponemos todas las medidas y medios que sean necesarios", ha dicho.
En este sentido, Álvarez ha recordado que Andalucía fue la primera comunidad en poner en marcha en el 2005 el Plan de Prevención y Atención de Agresiones para los profesionales del Sistema Sanitario Público Andaluz y que desde entonces también cuenta con el Registro Informático de Agresiones (RIAC).
Este plan, como ha explicado la titular de Salud, establece un protocolo de actuación que se activa ante la notificación de una agresión en un centro sanitario. Incluye la asesoría jurídica al personal agredido, el apoyo psicológico si lo estima conveniente, así como formación y diferentes medidas y protocolos con el objetivo de prevenir y minimizar las posibles agresiones que puedan sufrir los profesionales en sus centros de trabajo.
Desde que se puso en marcha el plan hasta la fecha, como resultado de la asesoría jurídica, el SAS ha logrado más de 2.500 sentencias condenatorias por agresiones a profesionales, de las que 163 han sido tipificadas como delitos de atentado.
En este sentido, la consejera ha querido destacar "el empeño de esta Administración y el trabajo conjunto realizado con el Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía para conseguir que estas agresiones puedan ser consideradas como delito de atentado". "Los órganos judiciales han demostrado una gran sensibilidad hacia este asunto y muestra de ello es el aumento del número de condenas de este tipo durante los últimos años", ha enfatizado.
En 2017, se produjeron en Andalucía 1.115 agresiones a profesionales en los centros, se realizaron 164 asistencias letradas y se lograron 154 sentencias condenatorias, 32 de ellas como delitos de atentado. La tasa de agresiones, por tanto, fue de 11,43 por 1.000 profesionales, un dato que se sitúa por debajo del registrado en el Sistema Nacional de Salud.
De enero a junio de 2018, el número de agresiones físicas registradas es de 124, dos menos que en el mismo periodo del año anterior.
Oposición política
La popular Ana Mestre ha lamentado que "crezcan" las agresiones físicas y verbales y dice que todas las medidas puestas en marcha "son insuficientes". Además, asegura que estos ataques "se deben a que se generan expectativas, mientras hay colapsos, demoras y reticencia por parte de ciertos profesionales a derivar a pruebas diagnósticas, por lo que aumenta la crispación", y afirma que el Plan de Verano "es una auténtico fracaso año tras año".
Por su parte, desde Podemos Juan Antonio Gil dice que el protocolo de actuación "no ha servido" y que el origen de estas agresiones "es la escasez de recursos", por lo que "no se trata de poner más o menos vigilantes de seguridad sino de que los centros de salud cuente con los recursos necesarios y los cupos no se vean desbordados". "El único plan que salud debería de considerar un éxito es que nuestra médicos de familia dispongan al menos 10 minutos por consulta", añade.
La diputada de Cs Marta Escrivá ha apuntado que los profesionales "tienen que sentirse seguros y tranquilos a la hora de hacer su trabajo" y asegura que a pesar de que hay mediad en marchas, "no son suficientes o no del calado necesario", porque entre el primer semestre de 2018 y el mismo periodo de 2017 "la reducción ha sido poca".
Inmaculada Nieto de IU ha abundado "en la incidencia de los recortes en estas situaciones", ya que "la falta de personal y recursos genera un clima propicio para incrementar el número de agresiones y que ciertas personas traspasen la barrera que nadie debiera traspasar", y pide a la Junta "trabajar de un manera silenciosa y efectiva para minimizarlas".
Por último, Olga Manzano ve "despreciable" que los grupos "aprovechen sus intervenciones para sacar rédito político", y resalta que este tema "preocupa y ocupa a la Junta".
--Europa Press-
