El activismo independentista se había estado preparando durante meses para dar un salto exponencial en sus protestas en cuanto el Tribunal Supremo condenase a los líderes del procés. Lo demostró a las pocas horas de conocerse el fallo con una convocatoria masiva para asediar la única infraestructura que había salvado hasta ahora de su propósito de «colapsar Cataluña»: el aeropuerto de El Prat, que obligó a cancelar unos 120 vuelos, El bloqueo de la terminal cortó todos los sistemas de transporte que la conectan con Barcelona.

La segunda jornada de protestas dio lugar a nuevos enfrentamientos entre los Mossos d’Esquadra y manifestantes independentistas de los CDR que se habían concentrado en los aledaños de la sede de la Delegación del Gobierno en Cataluña.

En el quinto día de protestas, el independentismo enseñó sus dos caras en el centro de Barcelona. Una huelga soberanista, de impacto moderado, con una manifestación que congregó a medio millón de personas y graves disturbios en las inmediaciones de la jefatura de Policía de Vía Laietana. Mientras, el Gobieno seguía tajante, en palabras del ministro del Interior en funciones, Grande-Marlaska: «Vamos a aplicar al independentismo violento el Código Penal con toda su contundencia».

Varios detenidos fueron a prisión y un policía gravemente herido ingresó en la UCI. Cuatro personas perdieron un ojo por proyectiles de las Fuerzas de Seguridad.

El 27 de octubre, con las aguas más calmadas, el «no» al procés se reivindicó de nuevo en las calles de Barcelona, con la presencia de dirigentes del PSOE, PP y Cs en la protesta liderada por la Societat Civil.