El año que concluye ha sido especialmente complicado para el sector agrícola andaluz en general y el cordobés en particular. La sequía ha generado disminuciones de cosecha y ha puesto en peligro no pocas explotaciones. A este inevitable contratiempo climático se han unido otros problemas de tipo económico, de los que el más llamativo ha sido la lucha que ha mantenido el sector del aceite para defender un precio justo para sus productos.

Durante el año, las organizaciones agrarias han llevado a cabo diversas movilizaciones. La primera de ellas tuvo lugar en Sevilla, en el mes de julio, cuando ante una convocatoria de UPA y COAG, se sumaron los sindicatos CCOO y UGT, que hicieron llegar al Gobierno de la Junta de Andalucía su inquietud por el futuro de una de las actividades agrarias que más empleo y riqueza genera en la comunidad autónoma andaluza.

La segunda protesta, y la más importante por el número de participantes, fue la que se celebró en octubre. Allí y ante la sede del Ministerio de Agricultura, Asaja, UPA, COAG y Cooperativas Agroalimentarias reivindicaron a las administraciones competentes que abordaran medidas que garanticen unos precios razonables para el producto, que se eviten las ventas a pérdidas y que se utilice este producto como artículo reclamo en las grandes superficies. Los datos que maneja el sector indicaban que el precio del aceite de oliva virgen extra se situaba bastante por debajo de los 3 euros el kilo. En algunos momentos del año el precio apenas subía unos céntimos de los dos euros, mientras que los costes de producción llegan a alcanzar los 2,7 euros, lo que hace insostenible la situación. Más complicada aún se hacía la problemática para los olivares de montaña, donde el coste de producción es superior a esta cifra.

Ante esta situación, los productores de aceite reclamaban que se autorizara el almacenamiento privado como medida urgente para la estabilización de los precios. Junto a esta problemática, en los días previos a la movilización se supo de la medida adoptada por el Gobierno de Donald Trump de imponer aranceles a algunos productos de origen español, entre los que está el aceite de oliva, como represalia por la competencia que para la economía americana supone las ventajas fiscales de las que se beneficia España por la fabricación del Airbus. Ante lo que los agricultores consideran una medida injusta, reinvidicaron en la Plaza de Atocha de Madrid que la Unión Europea diseñe una nueva Política Agraria Comunitaria (PAC) que combata este tipo de adversidades y presiones.

En ambas movilizaciones la presencia de los pueblos de la provincia fue destacada, pues bien por medio de sus cooperativas olivareras, bien amparados por las organizaciones agrarias locales o como integrantes de alguna de las denominaciones de origen que tiene la provincia se desplazaron en autocares fletados por los convocantes para dejar constancia de la insatisfacción y la preocupación reinante en la geografía cordobesa ante el riesgo que corre el más importante de sus cultivos.