El cambio de nombres del callejero ha sido uno de los principales temas de debate del 2019 en Córdoba. El año finaliza con la decisión del equipo de gobierno de revertir el nombre de la calle Foro Romano y de la avenida del Flamenco por Cruz Conde (sin José) y Vallellano (sin Conde), respectivamente. La reversión física (el cambio de placas), sin embargo, no se ha producido aún, ya que el gobierno local tendrá que desandar el camino administrativo que emprendió el anterior equipo de gobierno, que fue respaldado por una decisión de pleno en febrero del 2018 sobre el acuerdo de la comisión de Memoria Histórica sin votos en contra.

Aunque el cambio de nombres era una promesa electoral del Partido Popular y se incluyó entre las medidas que junto a Ciudadanos, su socio de gobierno, iban a poner en marcha en los primeros 100 días de su llegada a Capitulares, la realidad es que la reversión no está resultando tan sencilla como consideraron los populares en un primer momento. El verdadero acicate para que el anuncio del cambio de Cruz Conde y Vallellano se haga realidad han sido dos sentencias judiciales, que han respaldado las intenciones del equipo de gobierno de José María Bellido. Por un lado, el fallo del 24 de julio que exigía la reversión de la plaza de Cañero, dedicada a los Derechos Humanos desde el análisis de la comisión de Memoria que señaló el pasado franquista de Antonio Cañero (la reversión se produjo de manera inminente); y un segundo fallo, conocido el 27 de noviembre, en favor de la calle dedicada a Cronista Rey Díaz, que había denunciado la familia del funcionario municipal. Esta calle iba a llamarse, aunque nunca llegó a ponerse el rótulo, Librero Rogelio Luque, en honor del editor fusilado en 1936.

Asimismo, tres asociaciones vecinales han presentado recursos administrativos pidiendo la reversión de Cruz Conde y Vallellano, que suponen un argumento más en favor de los intereses del actual equipo de gobierno.

En el otro lado de la balanza se sitúan no solo las asociaciones memorialistas, sino también los grupos de la oposición que, como el Partido Socialista e Izquierda Unida, han solicitado que la asesoría jurídica municipal redunde en esta materia (el informe que obra en poder del equipo de gobierno aconsejaba precisamente la mejora en la argumentación sobre los personajes históricos que señaló la comisión de la Memoria Histórica). El último colectivo que ha denunciado la intención de PP y Cs ha sido la Asamblea Memorialista Andaluza, que expresó hace unos días su «condena al Ayuntamiento de Córdoba por quitar el nombre de calles vinculadas a la democracia y reponer el callejero franquista. Con esta decisión, hace apología de la dictadura e incumple la Ley de Memoria Histórica».