En el 2013, José Antonio Griñán anunció de forma sorpresiva que dejaba la Junta de Andalucía para evitar el continuo desgaste que la institución sufría a cuenta del caso de los ERE fraudulentos, convertido en arma arrojadiza por el PP sesión tras sesión en el Parlamento. Llevaba apenas cuatro años en el cargo, al que llegó tras el nombramiento de su amigo Manuel Chaves como ministro y después de unos largos años al frente de la Consejería de Economía y Hacienda, enfrascado en peleas por la financiación autonómica.
Pero su esfuerzo resultó en balde, y la ola de los ERE se lo llevó por delante poco después al ser imputado por la jueza Mercedes Alaya. Refugiado en un acta de senador, la negociación con los nuevos partidos políticos para desbloquear la investidura de Susana Díaz terminó por apartarlo de la vida política en el 2015. Chaves había visto en Griñán al candidato perfecto para una transición tranquila que no fue. J.C.
