Cuatro de los integrantes del grupo conocido como La Manada y que fueron juzgados y condenados por abuso sexual a una joven en Pamplona en las fiestas de los Sanfermines se han enfrentado durante el pasado mes de noviembre a otro juicio en Córdoba por otro presunto delito de abuso sobre una joven de Pozoblanco durante la feria de Torrecampo y por un delito contra la intimidad por la difusión de los hechos por un grupo de Whatsapp.

El juicio se celebró entre los días 18 y 22 de noviembre, fecha en la que quedó visto para sentencia. Los hechos ocurrieron, según el relato del fiscal, cuando la joven quiso regresar de la citada feria y para ello recurrió a uno de los jóvenes acusados, al que conocía por estar de guardia civil en Pozoblanco. Fue durante el viaje cuando, presuntamente, se cometieron los hechos y cuando fue grabado el vídeo que después fue distribuido.

Durante la vista, el abogado de los acusados reclamó que no se tuviera en consideración el citado vídeo porque argumentaba que se había localizado al ser reclamado el móvil de uno de los acusados. Los encausados se declararon inocentes de los hechos que se les imputan y se negaron a declarar en el juicio. La declaración de la víctima se hizo a puerta cerrada para preservar su intimidad y se pudo escuchar cómo la joven relató a un conocido que había sido violada.

A lo largo de los distintos días que duró la vista, los amigos y conocidos de los acusados reconocieron haber recibido el vídeo y que en el chat del grupo se hicieron comentarios sobre los hechos.

Paralelamente a la celebración del juicio, colectivos sociales de diversa índole, pero sobre todo feministas, llevaron a cabo concentraciones de protesta y de repulsa por los hechos ocurridos, al tiempo que mostraban su apoyo a la joven.

En la última sesión del juicio, el ministerio fiscal, en la lectura de las conclusiones, rebajó la pena solicitada para cada uno de los encausados por el abuso sexual de tres a dos años, al considerar que no fue agravado y que cada procesado debe responder solo por uno de estos delitos. A ello se unen los cuatro años de prisión que reclama para cada uno de ellos por la difusión del vídeo.

Por su parte, la acusación particular mantuvo su petición de dos años y medio para cada uno de ellos por el delito continuado de abuso sexual y cuatro años y tres meses por el presunto delito contra la intimidad y la imputación de maltrato para uno de los integrantes del grupo.

El caso está pendiente de que el juez de lo Penal número 1 de Córdoba dicte sentencia.