Uno de los juicios más esperados desde que se instauró la democracia comenzó ayer en el Tribunal Supremo. La imagen de Oriol Junqueras y sus compañeros mostraba una realidad que tiempo atrás no imaginaba el independentismo.

El primer día de juicio los independentistas denunciaban por todas partes que se estaban vulnerando los derechos de los que se sentaban en el banquillo. Fuera de la sala, los soberanistas proclamaban alegatos independentistas, con el objetivo durante este juicio de despertar la solidaridad internacional hacia su causa.

El presidente Torra sacó músculo para advertir que recurrirán a Estrasburgo tras la sentencia. Mientras, el gran ausente del juicio se encontraba en Berlín. Puigdemont fue noticia precisamente por esto. Y por vaticinar que el único fallo justo es la «absolución».

Las defensas, por su parte, comenzaron a realizar su trabajo de manera contundente. El abogado de Junqueras denunció la violación de todos los derechos básicos, a la vez que los letrados pedían a los jueces que no actúen de «salvadores de la patria, porque de esto no va este procedimiento». El abogado del exvicepresidente del Gobern, Andreu van den Eynde, marcó la línea a seguir, la concentración frente a la Consejería de Economía en septiembre del 2017 fue una protesta, hasta que se decidió considerarla como una rebelión.

El abogado de Dolors Bassa, Mariano Bergés, rizó el rizo: la DUI «no se publicó en ningún diario oficial porque no se votó», añadiendo que «no es rebelión perseguir la secesión aunque sea por vías ilegales».

nieto, declara / El número dos del Ministerio del Interior, José Antonio Nieto, secretario de Estado de Seguridad durante los sucesos, prestó la declaración más larga durante el proceso.

José Antonio Nieto plasmó otra percepción distinta de los sucesos que se vivieron. Comenzó utilizando expresiones como «realidad paralela» y «alternativa» para describir cómo el Gobierno presidido por Mariano Rajoy vivió, por ejemplo, la protesta del 20 de septiembre frente a la Consejería de Economía. «Es de las primeras cosas que nos permitió advertir que su percepción de la realidad era distinta a la nuestra», manifestó Nieto. Por otra parte, el exsecretario de Estado manifestó que en la junta de seguridad del 28 de septiembre «estábamos en una mesa para debatir la coordinación para parar el 1-O con los mismos que la habían convocado. Decían que había una parte de la población que decía que la ley era lo aprobado en el Parlament. Nosotros, que se tenía que cumplir la ley. Y la sensación era que la Generalitat no quería. Insistimos en que cuando se actúa como policía judicial los políticos tenemos una misión organizativa, pero el mandato es de la autoridad judicial».

visto para sentencia / Alivio y preocupación son probablemente lo que sintieron los doce acusados del procés cuando a las 19.02 horas miércoles 12 de junio el presidente del tribunal, Manuel Marchena, dejó visto para sentencia el juicio. Pero la última de las 52 jornadas de esta vista solo supuso un punto y seguido a un conflicto que se antoja bastante largo.

Lo auguraron casi todos los procesados, que hicieron uso de su derecho a la última palabra para convertir el banquillo de los acusados en una tribuna política, con alocuciones propias de un mitin y sin dejar espacio alguno al arrepentimiento. Solo la alusión a sus familiares, algunos presentes en la sala, quebró la voz de algún acusado y rebajado el tono enfático de los alegatos.

Junqueras, que se definió sobre todo como padre de familia y profesor, agradeció poder hablar después de tanto tiempo «privado» de la palabra, que ayer utilizó para manifestar su compromiso «irrenunciable con la bondad humana» y para reivindicar la vuelta de la cuestión catalana «a la buena política, al terreno del diálogo y al acuerdo».

En eso coincidieron todos, como coincidieron en señalarse como políticos que han trabajado y seguirán haciéndolo por los catalanes. Pero nada dijeron de esa herida abierta que deja un proceso que, con toda probabilidad, nadie quería que acabara en los tribunales. «¿Cómo hemos podido llegar a este punto, a este despropósito?», se preguntó Santi Vila, el exconseller «díscolo». Es probable que Torra no lo oyera porque precisamente se ausentó de la sala cuando comenzó el alegato de Vila. Tampoco escucharía esta otra reflexión: «Para saber dónde queríamos llegar, qué mal lo hemos hecho».

las condenas / La sentencia del procés cayó sobre la vida cotidiana catalana con el estruendo previsto. Las previsiones acertaron: para el Tribunal Supremo, lo que sucedió en el convulso otoño del 2017 tiene un nombre, y es sedición. Las largas penas a nueve líderes independentistas provocaron protestas en las calles y el aeropuerto, y las reacciones políticas estuvieron muy condicionadas por la inminencia de las elecciones generales. Los condenados resumieron su indignación en una frase: «No es justicia, es venganza». Tras cuatro meses de juicio y otros cuatro de deliberaciones, el Supremo aseguró que en Cataluña se produjo hace dos años un «alzamiento público y tumultuario» que, sin embargo, no tenía opciones de alumbrar un Estado independiente. Sus impulsores, sostuvieron por unanimidad Manuel Marchena y los otros seis magistrados, sabían que eso era imposible, y en realidad buscaban una negociación con el Estado. Pese a todo, Oriol Junqueras y otros ocho condenados afrontan penas que van desde los nueve años de los Jordis a los 13 del líder de ERC; son condenas largas que podrían verse matizadas en el futuro por beneficios penitenciarios. A cuatro de ellos se les atribuye también malversación, por los gastos del referéndum, y los tres acusados que se hallaban en libertad -Carles Mundó, Santi Vila y Meritxell Borràs- solo se les culpa de desobediencia y esquivaron la cárcel.

El Supremo abrazó las tesis de la Abogacía del Estado y descartó las de la Fiscalía, que defendió hasta el último momento que los acusados eran culpables de rebelión.

Y tras la sentencia, las calles catalanas se incendiaron.