El acumulado de los recursos públicos empleados en el proceso de reestructuración bancaria se situaba a cierre de 2015 en 60.718 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas, cifra que no puede considerarse definitiva porque el Estado sigue siendo aún el principal accionista de Bankia y BMN. Estas ventas futuras de las participaciones en las entidades nacionalizadas, unidas a la evolución de las garantías otorgadas en la venta de otras entidades, «pueden provocar un incremento o una disminución del citado importe», según el informe Tribunal de Cuentas presentado el pasado enero por Ramón Álvarez de Miranda. El principal componente del coste acumulado hasta la fecha fue el derivado de las aportaciones al capital y cuotas participativas, que ascendieron a 46.021 millones de euros. Destacan, como «procesos que han supuesto mayor coste», el saneamiento y posterior venta de CatalunyaBanc (12.676 millones), BFA/Bankia (12.347 millones de euros), CAM (11.065 millones) y Novacaixagalicia (9.159 millones).

No obstante, el Tribunal de Cuentas aclaró en su informe de fiscalización del proceso de reestructuración bancaria que «los recursos públicos comprometidos» en la reestructuración bancaria como consecuencia de las actuaciones realizadas solo entre 2009 y 2015 ascienden realmente a 122.122 millones de euros.

La fiscalización también apunta que, al margen de ese importe, la Administración del Estado otorgó avales a las entidades de crédito en reestructuración por un máximo de 85.965 millones.