El proceso de reorganización administrativa que está llevando a cabo el Gobierno de la Junta de Andalucía en las oficinas liquidadoras, ahora llamadas oficinas de información y asistencia, que se encuentran en el Registro de la Propiedad, está creando confusión y controversia entre ciudadanos y partidos políticos. Una de las principales consecuencias de esa reorganización es la necesidad de pedir cita previa si se quieren realizar algunos de los trámites que en ellas se llevan a cabo, como la gestión de los impuestos de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados, sucesiones, donaciones, vehículos y embarcaciones o liquidaciones complementarias, entre otras muchas.

La causa de la confusión se encuentra en el nuevo convenio firmado entre la Agencia Tributaria de Andalucía (Atrian) y los registradores de la propiedad, un convenio que, además, se ha firmado con retraso, ya que debería haberse rubricado antes del 31 de diciembre y no se hizo hasta el 2 de enero.

Precisamente ese día, el jueves 2 de enero, los ciudadanos de Los Pedroches que se acercaron hasta la oficina liquidadora de Pozoblanco se encontraron con la imposibilidad de realizar la gestión que pretendían y un cartel que les indicaba que, «por motivos técnicos y organizativos de carácter temporal, tras expirar el 31 de diciembre pasado el convenio entre la Junta de Andalucía y los registradores de la propiedad para la gestión del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados y el impuesto sobre sucesiones y donaciones, y no haberse firmado aún un nuevo convenio, desde el 1 de enero la oficina liquidadora deja de prestar servicio a los usuarios».

EL CONVENIO / Finalmente, el convenio se firmó y la oficina vuelve a prestar servicio, aunque ese acuerdo conlleva como una de las principales novedades el tener que pedir cita previa, bien en el teléfono habilitado para ello en el Centro de Información y Asistencia Tributaria (954 54 43 50) o bien a través de la Oficina Virtual Tributaria: https//wwwjuntadeandalucia.es/haciendayadministracionpublica/citaprevia.

En este contexto, la parlamentaria andaluza del PSOE por Córdoba Rosa Aguilar denunció que la Junta de Andalucía ha eliminado 13 oficinas liquidadoras en la provincia y el «grave perjuicio que esta decisión irresponsable del Gobierno de Moreno Bonilla va a ocasionar a miles de personas». Frente a la denuncia pública de Aguilar, el delegado del Gobierno de Andalucía en Córdoba, Antonio Repullo, aseguraba que la firma del convenio entre la Atrian y los registradores no conlleva el cierre de ninguna oficina liquidadora. «Ni se cierran oficinas liquidadoras ni se deja de prestar servicio alguno al ciudadano». Aseguraba en este sentido que «la alarma social creada por determinados grupos políticos es fruto del desconocimiento o de la mala intención».

En la práctica, según las fuentes consultadas por este periódico, el nuevo convenio está trayendo serios trastornos a los ciudadanos que se acercan hasta estas oficinas, que continúan abiertas aunque con funciones diferentes tras la firma del citado convenio y complican el día a día de los ciudadanos.

Uno de los principales viene dado por la necesidad de pedir cita previa, lo que limita el número de personas atendidas en las oficinas -en Pozoblanco 12 al día-, algo que hasta ahora no se producía y está contrariando a los usuarios que no pueden ser atendidos por falta de citas. Además, en cada cita solo se puede liquidar un documento, por lo que si un ciudadano o una entidad va a realizar distintas liquidaciones tendrá que pedir varias citas.

Por otro lado, la oficina de Pozoblanco va a tramitar la documentación que entreguen los ciudadanos, pero solo las respuestas que les den en las oficinas de Posadas y Priego, que han pasado a ser las dos únicas competentes en la provincia, van a ser vinculantes con respecto a las dudas que los ciudadanos planteen.