La Oficina Municipal del Consumidor (OMIC) ha atendido a lo largo del pasado año un total de 404 reclamaciones, 17 menos que en el año anterior por esta vía.

Por sectores, el mayor volumen está en telefonía e internet con un total de 171 casos, en su mayoría por incumplimientos de contratos, en especial mediante contrataciones vía telefónica, contrataciones no deseadas, altas y bajas o discrepancias en los procesos de facturación. En segundo lugar aparece el sector de suministros eléctricos -las reclamaciones en este campo ascienden a 59 y los motivos son contrataciones no deseadas o facturas con lecturas estimadas-.

Un total de 51 reclamaciones han llegado desde garantías en bienes de consumo y están encaminadas a aplicar el plazo de garantía establecido en la ley.

Un año más, aparecen entre las reclamaciones de los consumidores palmeños los bancos, con 33 casos, principalmente por comisiones. Desde el sector seguros se han tramitado 29, principalmente de hogar, vehículos y móviles.

Otras quejas que han llevado a los vecinos hasta la Oficina Municipal del Consumidor son las compras a distancia, de las que se han gestionado un total de 16 casos por retraso en la entrega del pedido o impedimentos en las devoluciones. Los viajes también han sido motivo de reclamaciones, un total de 13 casos por retrasos y cancelaciones de vuelo.

En una comparativa con el 2018, donde prevaleció el cierre de Idental, se tramitaron 120 reclamaciones de telefonía fija, móvil e internet, y 43 en bancos por aplicaciones de comisiones, que desplazó a las reclamaciones por cláusula suelo. Otras reclamaciones procedían de las garantías en bienes de consumo y suministradoras de electricidad.

Por otro lado, la OMIC informa de la entrada en vigor el 4 de diciembre del Decreto 427/2019, por el que se regulan las hojas de quejas y reclamaciones de las personas consumidoras y usuarias en Andalucía y su tramitación administrativa. La empresa reclamada deberá responder por escrito en el plazo de 10 días desde la presentación de la reclamación y ofrecer una respuesta más amplia. También deberá pronunciarse sobre si acepta o rechaza la mediación o el arbitraje de consumo -se da informe jurídico de la reclamación-.