Francisco Moro, secretario general de la CTA, afirmó que «no se trata de un caso aislado, lo venimos denunciando, son hechos que hemos denunciado ante la fiscalía, en el juzgado». Moro indicó que «los agricultores tienen responsabilidad». En la CTA se estima que de todas las peonadas en el sector de cítiricos, en torno a un 60% no se dan de alta, dicen que «de 20 o 21 días, se dan de alta 8 o 9 días, lo que supone una clara competencia desleal y fraude».
El secretario provincial de Industria de CC.OO, Rafael Morales, señaló que su organización «ya había denunciado casos de fraude en la contratación en Palma del Río, y criticó que no se haya puesto en marcha como se acordó la figura del delegado provincial, entre cuyas funciones estaría, precisamente, la vigilancia del cumplimiento del convenio del campo».
La portavoz adjunta de IULV-CA en el Parlamento de Andalucía, Elena Cortés, ha exigido tanto a la Junta de Andalucía como al Gobierno central «inspecciones serias y rigurosas, inspecciones de verdad, y trabajo conjunto de la mano de las organizaciones sindicales» para evitar la creación de redes de explotación laboral en el campo. Cortés opina que «hay un claro abandono del Gobierno andaluz y central respecto a la situación de las mujeres jornaleras».
El alcalde palmeño, José Antonio Ruiz Almenara, manifestó que «se trata de hechos criminales». Dice que «se trata de un itinerario, tenemos que hacer hincapie en el origen, todo surge en el mundo laboral».
