La perspectiva que da haber vivido en un mundo frenéticamente cambiante durante muchos años es muy valiosa. Voté varias veces en el régimen franquista sabiendo el resultado de antemano como en todas las «dictaduras democráticas». Viví el sarampión democrático de los años 1976-78 en que las votaciones lo legitimaban todo como en el caso de la Junta de Gobierno de la UCO (a la que pertenecía) en que se votó el significado de una palabra por imposición del Rector de turno a la hora de hacer los primeros Estatutos de la UCO. A partir de la aprobación de la Constitución en 1978 por la generosidad ejemplar del amplio espectro de los partidos políticos y de los ciudadanos, el verdadero sentido del binomio votación-democracia empezó paulatinamente a asentarse en España en todos los ámbitos.

Las votaciones para diferentes fines políticos (ej. modificación de la Constitución, elecciones nacionales, autonómicas y municipales, consultas de temas específicos a los ciudadanos, referéndums, etc.) tienen que cumplir una serie de requisitos para que se puedan considerar pilares de la democracia. No son válidas las votaciones que están fueras del marco legal vigente, que no tienen el soporte técnico adecuado (ej. listado de votantes, asignación inequívoca de cada votante a una mesa, trazabilidad de los resultados desde las mesas a un órgano central responsable de los mismos, protección cibernética etc.) y que no tengan un sistema transparente y amigable de reclamaciones. A continuación, se describen dos ejemplos de votaciones sin valor que han ocurrido en España recientemente.

La votación del 1-O en Cataluña careció de los más mínimos requisitos para ser democrática por ser declarada previamente ilegal por tribunales de justicia. No hubo listados electorales y se abrió la posibilidad de que un ciudadano podía votar varias veces en colegios electorales diferentes, urnas llenas ya de votos antes de llegar a las mesas, ciudadanos introduciendo votos en urnas en plena calle sin ningún control, resultados con recuento «secreto», etc. Además, la torpeza de Sáenz de Santamaría y Rajoy de impedir las votaciones por las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado, introdujeron una violencia a todas luces innecesaria dando argumentos a los independentistas. Obviamente el resultado del 1-O no ha tenido ningún valor, pero los independentistas catalanes utilizan permanentemente el argumento del «mandato del 1-O» para justificar su política y sus acciones.

Las votaciones electrónicas internas de los partidos sin que expliquen las garantías de las mismas (ej. un voto por persona) carecen de valor y son utilizadas por los dirigentes para justificar decisiones importantes (ej. la consulta sobre el casoplón de Galapagar en Unidas-Podemos, la elección por primarias electrónicas de la candidata de Ciudadanos en Castilla-León, la ultarápida rápida respuesta de los afiliados a la consulta de los pactos de Ada Colau, etc.). Si falta trasparencia y control de las votaciones internas, se está puede estar engañando a los ciudadanos propios y ajenos. El fraude en el partido Ciudadanos en la Comunidad de Castilla-León (desde un mismo ordenador se votó hasta 80 veces) es una demostración clara de que es posible manipular el resultado y que un procedimiento de reclamación en este contexto es imprescindible.

¿Qué es primero, la democracia o las votaciones? Así se plantea en el caso clásico de la prioridad temporal del huevo y la gallina. En el caso español parece que las votaciones prevalecen ya que los ciudadanos votamos masivamente por la Constitución en 1978, en una situación predemocrática. A partir de entonces, la propia Constitución establece un régimen para las votaciones con garantías democráticas. Que nunca votemos lejos de la democracia con garantías, trasparencia, soporte técnico fiable, etc.

* Profesor jubilado de la UCO