La semana pasada se aprobó en el Congreso de los Diputados la proposición de Ley que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para agilizar, en ciertos supuestos, los procesos de desalojo de viviendas ocupadas (okupadas) ilegalmente. La propuesta de PdCat ha contado con el apoyo de Ciudadanos, PNV y Partido Popular.
Con dicha modificación se permite que particulares, administraciones públicas y asociaciones sin ánimo de lucro tengan acceso a un procedimiento rápido y eficaz en caso de ocupación de aquellas viviendas de las que sean propietarios. Los plazos se acortan, respecto del procedimiento vigente actualmente, de forma que en veinte días es posible recuperar la vivienda.
Se excluye de este procedimiento a entidades privadas y fondos de inversión y, además, se obliga a las administraciones públicas a establecer un protocolo de gestión de las viviendas a su disposición para ofrecerlas a las personas en riesgo de exclusión.
Es una realidad que, en los últimos años, la necesidad habitacional de personas con escasos recursos ha hecho incrementar los supuestos de ocupación ilegal de viviendas. Además, en muchas ocasiones, las mismas pertenecen a particulares que se ven privados de su propiedad (a veces incluso de su propia vivienda habitual) y pueden tardar años en recuperarla.
Esta modificación legislativa, por un lado acorta los plazos judiciales, debiendo aquellas personas que habitan la vivienda demostrar que tienen un título válido para ocuparla. Y, por otro, se traslada a la Administración la responsabilidad de establecer mecanismos adecuados para facilitar un techo a aquellas personas que lo necesiten, cuestión esta que difícilmente podrán abordar.
De esta manera, apuesta el Legislativo por ponderar los derechos de propiedad reconocidos constitucionalmente, y la necesaria seguridad jurídica, con la necesidad de las personas en situación de exclusión, llegando a una solución que, a falta de ver cómo funciona en la práctica, parece bastante adecuada.
* Abogada
