El plan de la Junta de Andalucía para controlar su parque de vivienda pública en alquiler está haciendo aflorar casos de ocupación ilegal, pisos habitados por personas distintas de las que recibieron la adjudicación de los mismos. Teniendo en cuenta que son viviendas sociales de un alquiler muy bajo, es importante que sus inquilinos procedan del listado elaborado por la Consejería de Fomento y Vivienda. La cifra es pequeña: de las 5.428 viviendas que gestiona la Agencia de Vivienda y Rehabilitación (AVRA) en Córdoba han aflorado 52 casos irregulares tras visitar a la mitad del censo. Surgirán más, pero el porcentaje parece bajo. A estas viviendas okupadas se suma el problema del impago de los alquileres, que afecta al 43% del censo de viviendas de la Junta en la provincia, una tasa alta, pero que se ha reducido sustancialmente al aplicarse un programa contra la morosidad, que en marzo pasado llegaba al 53%. La Junta ofrece ayudas a las familias que no pueden afrontar los alquileres, pero debe combatir a las que, pudiendo pagar, no lo hacen. La consejería quiere repetir anualmente estas inspecciones, que le están permitiendo conocer la situación real de sus arrendatarios. Por eso, la iniciativa es buena en su doble acción: combatir los abusos y averiguar en qué estado se mantiene el parque de vivienda pública y, por otra parte, conocer las situaciones de emergencia social para prestar apoyo.
