Verónica, la mujer que se ha matado por no soportar la presión salvaje y colectiva de su vídeo porno circulando entre los compañeros de su empresa, es una suicida y no lo es, porque ha sido asesinada por la manada anónima de veintiún tipos armados con un smartphone cargado de imágenes reales. La inocencia y los tiempos han cambiado, y también las armas: hoy podemos destrozar la vida de cualquiera con la orden de enviar, tan nociva como una cuchillada en el vientre. La historia se conoce en su desgracia: una mujer de 32 años, casada y con dos hijos de cuatro años y 9 meses, descubre que su expareja de hace cinco años está difundiendo el vídeo sexual que se grabó a sí misma y le envió cuando aún estaban juntos. Se desconoce la razón por la que el sujeto decidió compartirlo con sus compañeros de Iveco, más allá de su evidente hijoputez, aunque se especula con el intento de extorsión o la venganza por no volver con él; pero sea como fuere, lo cierto es que tras enviar el vídeo a veinte contactos, esa misma mañana la grabación era reenviada a los teléfonos de hasta doscientos compañeros de la fábrica de Iveco en la que Verónica trabajaba en Madrid, con lo que eran ya doscientos los que podían contemplarla en su intimidad. La mujer trató de parar la bola no de nieve, sino de estiércol, que solo debía haber mancillado al primer hombre que envió el vídeo, a los veinte que lo reenviaron y a los doscientos que lo recibieron sin denunciarlo. Habló con Recursos Humanos, aunque aún no está claro si su respuesta fue la adecuada, porque no se activó el protocolo de acoso. Pero cuando supo que el vídeo enviado ya había llegado hasta su esposo, compañero también en esa misma empresa, no pudo resistirlo y se mató.

El derecho transcurre lentamente con su ritmo proceloso de aproximación a la realidad, pero reacciona: ya en 2012, tras el escándalo de la difusión del vídeo sexual de la exconcejala socialista de Yébenes Olvido Hormigos, se modificó el Código Penal. Hasta entonces era necesario que concurriera el robo o la apropiación ilícita de los datos íntimos. Como a Olvido Hormigos no le habían sustraído aquella grabación, sino que ella había enviado el vídeo erótico a su amante voluntariamente, no se pudo apreciar un delito de violación de la intimidad. Tras la reforma de Alberto Ruiz-Gallardón, el artículo 197.7 del Código Penal detalla que «Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones visuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona». Sin embargo, el caso de Verónica también obliga a una revisión de un Código Penal en el que los delitos contra la intimidad solo pueden ser perseguidos si se produce una denuncia de la persona agraviada, lo que no puede darse en el caso de Verónica, que al ahorcarse en Alcalá de Henares también ha exonerado a los culpables.

Si pudiera demostrarse que el antiguo amante amenazó a la fallecida con publicar el vídeo, pidiéndole algo a cambio de no hacerlo, podría haber un delito de extorsión y otro contra su integridad moral: en ambos casos, la Fiscalía podría actuar de oficio. Esto debe cambiarse y endurecerse las penas. Esta penalización moral por el hecho de ser mujer atenta contra los más elementales principios del Derecho y la vida y es lo que ha acabado asesinando a Verónica: la posible condena previa de propios y extraños se dispara si es una mujer la que sufre este daño. En esta era del cibersexo, muchos amantes se entregan a él con la misma ardiente pureza con que abrazan un cuerpo. No puede haber ninguna reprobación a quien se graba a sí misma, o a sí mismo, durante un acto sexual, ejerciendo su entera libertad personal por un instante; pero no para difundirlo. El hecho equivaldría, en plano digital, a una entrega en cuerpo, pero también en alma compartida en esa intimidad honesta y libre. Quien traiciona esa confianza, en justa analogía o equivalencia con el sexo tradicional, estará haciendo lo mismo --moralmente-- que alguien que, tras una relación física, ofreciera el cuerpo de su amante a esos veinte contactos para que abusaran de ella. Esta agresión sexual masiva por WhatsApp parece casi un homicidio inducido, después de ejecutar la violación de su intimidad y su imagen.

* Escritor