Hace unos días varios políticos del Gobierno, entre ellos Celia Villalobos, han hablado de la inviabilidad del sistema de pensiones y han recomendado el ahorro personal para garantizarse un plan de pensiones de cara al futuro. No es la primera vez que miembros del Gobierno, empresarios o banqueros avisan del peligro de que desaparezca el sistema público de pensiones, ni será la última.

Todos los derechos obtenidos durante décadas de lucha como la educación y la sanidad públicas, las prestaciones sociales o las pensiones han sido y son objeto de críticas y sometidos a la cuestión de la «viabilidad». Cuando la pregunta no es si son viables o no, porque son derechos y no privilegios o limosnas. Todo el sistema público se mantiene con las aportaciones y esfuerzo de los/las trabajadores/as y no son una concesión del Estado o de un gobierno. Se trata de derechos sociales. ¿Por qué esa pregunta de la viabilidad no se hace en torno a otros temas poco beneficiosos y gravosos para la mayoría de la población como obras faraónicas a costa del erario público, rescates bancarios millonarios, inmunidades fiscales o la evasión fiscal de grandes fortunas?