El cese del coronel Pérez de los Cobos por el ministro de Interior Grande-Marlaska, en pleno estado de alarma, como consecuencia de la elaboración de un Informe a instancia de la juez de Instrucción nº 51 de Madrid, estalla en un Gobierno cada vez más debilitado y crispado. Un nuevo escándalo del Gobierno que juega con la independencia judicial y traspasa la separación de poderes. Es indubitado que el cese del coronel tiene que ver con el informe en el que, entre otros objetos, incluye la manifestación del 8-M, solicitado por la instructora a la unidad de la Guardia Civil en calidad de Policía judicial. Y en tal condición, y con la orden de diligencia secreta, ninguna información sobre ello se podía dar a Interior. Ello lo sabe perfectamente el ministro, por su pasado como magistrado Instructor de la Audiencia Nacional. Dijo deberse su decisión a «pérdida de confianza», para luego matizar expresamente que «no es ni perder la confianza ni no perder la confianza, es rodearse de una persona de mayor confianza», para luego manifestar que es una «simple reestructuración de equipos». Sus explicaciones, faltas de contundencia y seriedad, han provocado las dimisiones del nº 2 y nº 3 de la Guardia Civil, por ahora, por el malestar creado en la destitución fulminante del coronel Pérez de los Cobos, que consideran injustificada. Ante ello, casualmente se anuncia y se publica en el BOE la equiparación salarial de la Guardia Civil tan reiteradamente solicitada y la oferta de provisión de plazas. Un informe decretado secreto se filtra y se escrudiña sacando a la luz errores o valoraciones intencionadas, cuando el mismo, sea el contenido que tenga, ha de ser valorado exclusivamente en sede judicial. Está claro que hay una injerencia del ejecutivo en el judicial y una falta absoluta de neutralidad política. Y todo ello, en pleno estado de alarma donde lo primordial es la salud y economía de los españoles, y no la actuación partidista y de auto protección del propio Gobierno. A todo esto, los informes realmente importantes y fundamentales para asegurar la salud y seguridad de todos los ciudadanos y que sirven de base para que Sanidad plantee la prórroga del estado de alarma, esos que por la Ley de Transparencia han de ser públicos, esos que nos incumbe a todos y que determinan la actuación del Ejecutivo, esos que afectan a las medidas a adoptar por los gobiernos autonómicos, esos,… no se hacen públicos, no se conoce quién los firma, no se sabe la fecha de su emisión. Se han publicado unos informes del llamado Comité de expertos que nadie conoce, sin firma electrónica, y a toro pasado, para que no sean valorados o recurridos por las Comunidades Autónomas afectadas, al encontrarse en fase distinta a la que el informe se refiere. Estos informes encargados por el Gobierno, no sometidos a secreto, a los que cualquier persona física o jurídica con derecho o interés legítimo que pueda verse afectado por la decisión del ejecutivo tomada en base al contenido de aquellos, tiene el derecho a conocerlos en tiempo y forma para formular las alegaciones que estime conveniente. Sin embargo, la actuación del cogobierno de Sánchez-Iglesias de intromisión en el poder judicial, unida a su falta absoluta de transparencia pone en peligro la estabilidad de las instituciones, y todo, por los vaivenes de unos informes que dejan en evidencia la irregular y/o ilegal actuación del Gobierno. Por cierto, por los del Gobierno ninguna dimisión, cese o destitución. Curioso.
* Abogada
