El relator de la ONU de pobreza severa, Philip Alston, no pasó por Córdoba durante su visita de dos semanas a distintos barrios marginales tras la que aseguró que España es un país «quebrado» que «ha preferido hacer políticas para los ricos antes que para los pobres». Pero, si lo hubiera hecho, las duras conclusiones a las que llegó tras recorrer los campamentos de inmigrantes que trabajan en las campañas de la fruta en Huelva, el barrio de la Cañada Real en Madrid, o el barrio sevillano de Los Pajaritos, en Sevilla -de las que nuestro periódico está ofreciendo cumplida información estos días- hubieran abarcado también a los barrios de Palmeras, Moreras y Guadalquivir-Sur de Córdoba, que figuran entre los más pobres de España.

La denuncia del Alstom ya la llevan haciendo mucho tiempo las organizaciones humanitarias españolas. En la última década, la exclusión social ha crecido en España seis puntos, mientras que las clases más altas se han enriquecido y pagan la mitad de impuestos. España está «a la cola» de Europa en redistribución de la riqueza. Un país rico en el que un porcentaje inusual de población tiene dificultades para sobrevivir. Un país que se recupera de la recesión sin restaurar los servicios públicos recortados. La lista de los problemas es larga: pobreza generalizada, alto nivel de desempleo, crisis de vivienda, inadecuado sistema de protección social, fiscalidad que ampara a los más ricos, alta tasa de abandono escolar prematuro (el peor de la UE)... Al fin, una política que durante años se ha olvidado del bienestar de las personas. Los números son ilustrativos. En el 2018, el 26,1% de la población en España (y el 29,5% de los niños) se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social.

Alston indica algunas medidas para combatir la desigualdad, como intervenir el mercado de los alquileres, aplicar una normativa que impida cortes de luz, crear una renta mínima única en todo el Estado y mejorar el mercado laboral. El informe es de una gran dureza, pero no desvela nada nuevo. El relator se dirige al nuevo Gobierno y su compromiso con las políticas sociales. La gravedad de la situación debería ser suficiente para conseguir los apoyos necesarios para revertirla.

Si bien la enorme brecha de desigualdad requiere políticas de ámbito estatal y autonómico, dirigidas principalmente a vivienda, formación y empleo, y sostenidas en el tiempo, también las ciudades pueden y deben actuar contra esta realidad que se hereda de padres a hijos, a los que deja sin futuro, y propicia la formación de guetos. En los últimos años, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba se han mostrado dispuestos a apoyar planes específicos para las zonas desfavorecidas y han dado algunos pasos. Los problemas ya están estudiados, así que es hora de las acciones concretas y con presupuestos que se cumplan. Hay que dejar de mirar hacia otro lado ante la pobreza y la marginación.