El nuevo ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, nos dice que todavía estamos a tiempo de potenciar las relaciones entre empresas y científicos. Como impulsores de la que fue la primera empresa de base tecnológica (spin-off) de la Universidad de Córdoba (UCO) y una de las primeras en España, pensamos que es bueno revelar que esta relación no ha faltado nunca, aunque la debilidad del tejido productivo la haga invisible. No debemos confundir la debilidad de nuestro sistema productivo con debilidad económica: somos, o hemos sido, fuertes en servicios, turismo, agricultura, construcción y finanzas (cajas). Queremos contar de forma resumida los hechos que rodean a BioVet-UCO SL, ya que es un buen ejemplo de lo difícil, por no decir imposible, que resulta mantener en el tiempo una idea productiva innovadora en una sociedad que carece de economía productiva, y todo ello al margen de la buena voluntad de los actores implicados.

Estamos hablando de una empresa que se crea el 18 de julio de 1995, con un capital social de un millón de pesetas, el 85% depositado por 46 investigadores, la mayoría de la UCO, que aportaron entre 50.000 pesetas y 5.000 pesetas. El 15% restante consistió en la aportación no dineraria de la UCO por el valor de uso de aparatos y servicios. La empresa se dedicaría a «la producción, distribución y comercialización de reactivos biológicos», subrayo lo de producción porque es importante conocer que la empresa se situaba en la llamada «economía productiva» y no de «servicios». Como anécdota diremos que de sus estatutos hubo que retirar un artículo donde se renunciaba a repartir beneficios, lo que hoy son empresas sociales solidarias.

Esta iniciativa mostraba el interés de sus investigadoras e investigadores en desarrollar una empresa cuyo objetivo era la oferta de productos con la consiguiente creación de puestos de trabajo. La participación de la UCO en la empresa significó un arduo trabajo legal, por parte de la propia universidad y de la asesora de la empresa, dado que no había ninguna legislación en que apoyarse, además de la condición autoimpuesta de que la UCO no debía desembolsar capital alguno, lo que implicaba ser una empresa con participación pública a coste cero.

La empresa sobrevivió un tiempo tras vender algunos reactivos que se producían (anticuerpos, fundamentalmente) y firmar contratos con empresas multinacionales que los comercializaban. La producción de los reactivos y la generación de nuevos implicó una ampliación de capital y ahí empieza su relación con la sociedad civil. En una sociedad como la cordobesa, donde las empresas constructoras eran las reinas, era lógico que fuera una de ellas, quizás la más avanzada, la que decidiera entrar en el accionariado. Prasa fue la empresa que decidió unirse a BioVet-UCO. El capital social creció hasta 12 millones, distribuido entre Prasa (con el 38,03%); una sociedad inversora, CBR inversiones, con el 38,03%; la UCO, con el 1,19%, y los investigadores, que mantenían el 25% con aportaciones variables que iban del 1,7% al 0,04%. Este fue el inicio de un tiempo difícil y no porque no se produjeran reactivos, el problema era que los ingresos que se obtenían no cubrían los gastos de producción. La ciencia capaz de crear nuevos productos fracasa con los tiempos y condiciones de la economía productiva. Algo que hubiera sido fácil en países como Dinamarca, Gran Bretaña... resultaba imposible en nuestro entorno, y lo que provocó que, tras varios años de pérdidas, la empresa entrara en quiebra técnica.

En febrero del 2009 los investigadores se retiran de la gestión de la empresa y recomiendan su cierre tras el paso de los reactivos a la UCO. Los accionistas mayoritarios ignoran estas peticiones, la burbuja inmobiliaria había estallado y su principal problema no era una empresa como BioVet-UCO SL, que además de tener ventas podía ser usada en un proyecto hospitalario que tampoco salió adelante. La empresa siguió su camino hasta hoy, cuando los investigadores hemos conocido que todos los cargos están caducados y que por ello la convocatoria de su junta general se debe hacer desde el Registro Mercantil, lo que está en marcha, tras la petición de Prasa, un final lógico de un anunciado abandono.

Sin embargo, los reactivos producidos eran realidades que no caducaban y sus ventas a todo el mundo seguían su curso y cada trimestre llegaban los royalties que producían, y que eran abonados tras la emisión de las facturas correspondientes. BioVet-UCO de esa forma tenía entradas de capital y ningún gasto, por lo que hoy podemos pensar que en su cuenta corriente deben existir más de 40.000 euros. En los tres primeros meses de 2018 ha facturado más de 4.000 euros. No son cantidades significativas, lo sabemos, pero es renta del trabajo creativo de investigadores e investigadoras de la UCO que no debe perderse. Ahora depende de Prasa, del fondo de inversión, de la UCO y del resto de accionistas que el proyecto pueda ponerse de nuevo en marcha. La vuelta a sus orígenes, ligado a su objetivo social inicial, en forma de economía social solidaria, es una buena posibilidad, que la UCO y el resto de accionistas podrían apoyar, además de tomar buena nota de los fallos cometidos.

Confiemos en que, con un poco de ayuda, rigor y voluntad, los investigadores accionistas de BioVet-UCO consigan que el proyecto pueda reiniciarse, adaptándolo a 2018, y que jóvenes investigadores e investigadoras puedan retomar una aventura científica que, con todas sus dificultades, cumplirá 23 años en unos días.

* Catedrático jubilado de la UCO. Firman también este artículo Rafael Mayer, Manuel Barbancho, Damián de Andrés, Ángela Moreno, Luis Morera, José Pérez de la Lastra, Óscar Pintado, Luz González, Mª Isabel González, Pedro J. Ginel, Concepción de las Heras y otros investigadores e investigadoras de BioVet-UCO