El 9 de mayo se cumplieron 68 años de la interpretación por parte del entonces ministro francés de Exteriores, Robert Schuman, de la declaración que lleva su nombre. En este texto, el Gobierno francés proponía la puesta en común de las producciones de carbón y acero para hacer materialmente imposible una nueva guerra convencional contra Alemania. Se iniciaba así el proceso de integración europea. La unión de estados europeos es rara avis in terris nigroque simillima cygno, empleando la expresión del poeta Juvenal, o un sistema político tipo cisne negro. Siguen sorprendiendo sus rasgos atípicos y su gran impacto en las vidas de sus ciudadanos. Una de sus más relevantes singularidades es el presupuesto.

El estado de bienestar es un invento europeo, y la UE, el sistema político con mayor gasto social. La media de protección social es del 28% del PIB y el porcentaje más bajo, el de Irlanda, del 20,6% (el mayor, el francés, del 33,9%). Sin embargo, el presupuesto de la Unión representa una parte muy pequeña del gasto público total, en torno al 2%, equivalente a menos del 1% de la RNB. Con este volumen de recursos, los objetivos redistributivos de políticas como la agraria o la de cohesión (a las que se destinan, en el actual marco financiero plurianual (MFP) 2014-2020, casi tres cuartas partes de los recursos) son esencialmente retóricos.

Esta incapacidad para poner en práctica la idea de solidaridad a escala europea se agrava con el cambio de racionalidad de la política regional. A partir de 1999, en preparación para las ampliaciones a países de Europa central y oriental iniciadas en el 2004, y más a partir del 2014, la lógica de convergencia, entendida como reducción de las diferencias entre territorios y estímulo al desarrollo de las regiones más desfavorecidas, se sustituye por el objetivo de competitividad de la UE en su conjunto.

Este objetivo se persigue a través de una mayor inversión en los territorios donde pueda probarse que hay capacidad institucional suficiente para la ejecución de fondos y la obtención de resultados. Como se sabe, entre otras mediciones por el índice europeo de calidad del gobierno (EQI), estas capacidades distan de ser homogéneas, y las instituciones supranacionales no tienen competencias para mejorarlas.

El pasado 2 de mayo, la Comisión presentó la propuesta de MFP para el 2021-2027. Tiene luces. Dejando aparte el impacto del brexit, se rompe la tendencia a la reducción del tamaño del presupuesto. Se propone que los créditos de pago representen el 1,08% de la RNB. Se plantea añadir nuevos «recursos propios», diversificar las fuentes de ingresos, incluido un tipo de referencia del 3% aplicado a la nueva base imponible consolidada común del impuesto de sociedades. Otras dos novedades son el aumento de la flexibilidad para poder hacer frente a necesidades imprevistas, como las surgidas en el 2015 con la crisis de los refugiados, y la vinculación del gasto a deficiencias «generalizadas» en el Estado de derecho en los países miembros, pudiendo suspenderse o reducirse el acceso a la financiación europea de modo proporcional a la naturaleza y gravedad de estos incumplimientos nacionales.

Ha llovido mucho desde la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) en 1951, pero la cita más repetida de la Declaración Schuman --«Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho»-- sigue mostrando la gran debilidad y limitación de la UE, la insuficiente «solidaridad de hecho». Incluso tras la gran crisis y el reforzamiento de las actitudes igualitarias entre el 2008 y el 2016 en casi todos los estados miembros, según muestra la Encuesta Social Europea. El único caso desviado preocupante es Polonia, donde estas actitudes igualitarias descendieron desde el 2008 casi 5 puntos.

Para terminar, a falta de la negociación entre el Parlamento europeo y el Consejo, el presupuesto de la UE no aumentará demasiado en los próximos 7 años, y la Unión seguirá siendo un cisne negro. Protegerá los estados de bienestar nacionales mientras sus ciudadanos así lo prefieran, pero no servirá para materializar la solidaridad a nivel europeo. Todavía no se dan las condiciones para ello; bien sabía el Gobierno francés en 1950 que mucho tardaría en llegar ese momento.

* Profesora de Ciencia Política de la Universidad de Santiago de Compostela y analista de Agenda Pública.