El Gobierno necesita recaudar 4.800 millones de euros este año y el que viene. Ese es el precio de los compromisos en pensiones a los que el Ejecutivo se ha comprometido en los Presupuestos del Estado, ya sea por la negociación con el PNV (una subida mínima de las pensiones del 1,6% este año y del 1,5% en el 2019), ya sea por las promesas efectuadas tras las multitudinarias manifestaciones de jubilados. En el Programa de Estabilidad 2018-2021 que el Gobierno remitió el lunes a la Comisión Europea (CE), el Gobierno explica que piensa contribuir a financiar la Seguridad Social con «nuevas figuras tributarias», entre las que destaca un impuesto sobre las grandes empresas tecnológicas. El problema es que aun suponiendo que la denominada tasa Google se aplicará como el Gobierno pretende (por ejemplo, con retroactividad para este mismo año), las cifras que maneja el Ejecutivo no alcanzan ni la mitad de esos 4.800 millones extras. Por tanto, habrá que ver exactamente qué nuevas figuras impositivas estudia el Ejecutivo. El pasado 1 de mayo, Pedro Sánchez recordó su propuesta de impuesto extraordinario a la banca.

El documento remitido a Bruselas muestra que los planes del Gobierno respecto de las pensiones pasan por esta inyección extra los dos próximos años (desechando la desindexación y el factor de sostenibilidad) pero no por una profunda revisión del sistema dentro del marco el Pacto de Toledo para hacerlo sostenible en un momento en que las cotizaciones a la Seguridad Social no bastan para garantizar la viabilidad del modelo. No es la solución estructural que demandan los pensionistas, y que como se vio en las manifestaciones sindicales del Primero de Mayo se han convertido en una de las principales demandas del momento.

La CE mejoró ayer su previsión de crecimiento para España (hasta el 2,9% del PIB en el 2018), pero empeoró la del déficit hasta el 2,6%, por encima de las previsiones del Gobierno español (2,2%) pero todavía lejos de ese 3% que es la cota considerada excesiva, y que nuestro país superó en el 2017 (3,1%). Y estas previsiones no tienen en cuenta el aumento de gasto que se derivaría de la actualización de las pensiones, el sueldo de los funcionarios y el rescate de las autopistas, por lo que, a pesar del «robusto» crecimiento esperado por la CE para España, el riesgo de aumentar en exceso el déficit está claro. El comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, no quiso pronunciarse al respecto, y solo dijo que el ministro de Economía, Román Escolano, le ha asegurado que España «mantendrá políticas fiscales creíbles». Deberán ser creíbles y hasta imaginativas para mantener un equilibrio que hoy parece incierto, y que se beneficiaría con mejores salarios en España que elevarían la recaudación.

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