Ha costado muchos sacrificios y consensos, recoger en nuestra Constitución los derechos fundamentales que todos podemos disfrutar como integrantes de una sociedad avanzada, democrática y participativa. Digo esto al hilo de la reivindicación prevista para hoy por todos los abogados de Andalucía, a los que maltrata la Administración en la remuneración del turno de oficio, aquél por el que se preserva el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva para todos los que carecen de medios económicos para litigar. Derecho regulado en el art. 24 de la Constitución, en la Ley de Justicia Gratuita de 1996 y cuyo día internacional se celebra hoy.

¿Se imaginan que no se retribuyeran los servicios profesionales de los médicos que garantizan el derecho a la salud que atienden a quienes no tienen recursos para pagarse un médico privado? La Administración reconoce el derecho a litigar gratuitamente a quienes no disponen de medios, pero luego no paga debidamente a los profesionales necesarios para ejercitar ese derecho. Lo hace, pero muy tarde y muy mal. Estos abogados no son profesionales recién salidos de la Facultad, sino que se les exige una antigüedad, una formación especializada y una disponibilidad rigurosa, las 24 horas del día todo el año. Hace unas semanas, yo mismo viajé de madrugada al Cuartel de la Guardia Civil de Peñarroya para asistir a un detenido, por el turno de oficio de guardia, pero la Administración no te paga el desplazamiento, ni la nocturnidad, ni casi la asistencia. No porque no haya dinero, pues ya hemos visto cómo se suben el sueldo el 30 ó el 40 por ciento de una tacada los concejales en muchos municipios, sino porque no hay voluntad.

La Administración de Justicia es la cenicienta de nuestro país. Uno de los pilares del Estado de Derecho, cuyos medios e independencia se cuestionan. No le interesa al zorro que se vigile a las gallinas. No es un problema de ahora, sino que se arrastra desde hace décadas sin voluntad de darle un arreglo definitivo pese a las movilizaciones de los letrados, a las reivindicaciones del Consejo Andaluz de Colegios de Abogados ni a las promesas reiteradas de solución, tantas veces incumplidas. Que el servicio sea de adscripción voluntaria, no legitima el abuso y el atropello a los profesionales que lo dispensan.

Mujeres maltratadas, víctimas de despidos laborales injustos, de prestaciones asistenciales denegadas, personas sancionadas injustamente por la Administración, quienes reivindican a su expareja para que cumpla con las obligaciones respecto de sus hijos, situaciones de máxima vulnerabilidad de personas con derechos que no han sido respetados, y que necesitan tosas ellas un profesional del Derecho, que la Administración reconoce pero cuyo trabajo desprecia con unos baremos ridículos que paga cuando quiere. Si no se quiere este sistema, hay otros. Existen países que gozan de un cuerpo de letrados de oficio, muy bien pagados y considerados, al que se accede a través de unas difíciles oposiciones. Y en otros aún existe la beneficencia pura y dura, que sería lo mismo que dejar a los justiciables en manos de la caridad. El Estado tiene la obligación de reconocer un derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y litigar gratuitamente para quienes no tienen recursos, pero no debe hacerlo a costa del bolsillo de los profesionales que lo dispensan. ¡Ya está bien! H

* Abogado y mediador