Para alguien como Federico Trillo, que siempre se ha preciado de su propio perfil jurídico, debe constituir una deshonra que una alta institución como el Consejo de Estado le haya considerado culpable del accidente del avión Yak-42 en Turquía en el 2003, en el que fallecieron 62 militares españoles y 13 tripulantes ucranianos. El fallo no tiene trascendencia penal, porque la justicia ordinaria archivó en su día, en una decisión polémica, la denuncia de los familiares de las víctimas, pero establece que el avión no estaba en condiciones de volar y que el Ministerio de Defensa --entonces dirigido por Trillo-- había sido advertido reiteradamente de ello. Más de 13 años después se restituye la verdad y los deudos de los muertos obtienen una satisfacción moral, que tiene casi más valor que las indemnizaciones económicas que ya recibieron. Desde hace casi cinco años, Trillo disfruta del cargo de embajador de España en Gran Bretaña, y ahora será relevado junto con 70 diplomáticos españoles desplegados por el mundo, lo que permitirá al Gobierno intentar disimular su destitución. Él mismo dice que quiere volver a su puesto de letrado en el Consejo de Estado, lo que añade escándalo a su situación. Si no hay cese fulminante como embajador y el Gobierno de Mariano Rajoy lo permite, poco podrá ofrecer la actual ministra de Defensa, Mª Dolores Cospedal, en su anunciada reunión con los familiares de las víctimas.