Aunque se dudaba si el mayor Josep Lluís Trapero iba a testificar ante el Tribunal Supremo, al estar procesado en la Audiencia Nacional, el exjefe de los Mossos contestó finalmente a las preguntas y detalló lo vivido durante los hechos de septiembre y octubre del 2017. Su declaración constituyó una defensa sin fisuras de la actuación de los Mossos y de su intención de cumplir siempre la legalidad, chocando con las versiones ofrecidas por testigos de la Administración central. Reveló que el 27-O, día de la DUI, se dirigió a las autoridades judiciales para ponerse a su disposición y que los Mossos habían preparado un plan para detener al president Carles Puigdemont si así se lo ordenaban. El impacto de esta revelación culminó la línea de crítica a los políticos que presidió su testimonio: calificó de «un punto irresponsables» declaraciones públicas del conseller Joaquim Forn en el sentido de que los Mossos facilitarían el voto en el referéndum, culpó a los políticos de la mala imagen del cuerpo y se declaró «incómodo» con la deriva soberanista. Al final, a preguntas del presidente del tribunal, confirmó las advertencias que la cúpula policial hizo al Govern para que desconvocara la consulta ante el temor de que se produjeran enfrentamientos y desórdenes. Una confirmación que estuvo a punto de frustrarse por la torpeza de la acusación popular y la incomprensible decisión de la fiscalía de no llamarlo como testigo.