Hoy, la lucha contra el cambio climático es uno de los mayores desafíos a los que se enfrenta la humanidad. La ONU ha advertido de que se deben multiplicar por cinco los esfuerzos globales previstos si se quiere que el incremento de la temperatura se quede por debajo de 1,5ºC respecto a los niveles preindustriales. Y por tres si se aspira a que ese incremento esté por debajo de los 2ºC. Tal como nos viene alertando la comunidad científica si queremos evitar daños irreversibles al planeta.
Una de las expectativas de esta cumbre era poder fijar unos compromisos más ambiciosos en la lucha contra el cambio climático. Los países tenían que incrementar sus objetivos nacionales de reducción de emisiones y normalizarlo en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Otro aspecto, quizás el más polémico y difícil de consensuar, fue desarrollar el artículo 6 del Acuerdo de París, el cual pretende regular los mercados de carbono entre países (y empresas) y los Mecanismos de Desarrollo Limpio (CDM), establecidos en el Protocolo de Kioto. Además, se pedía el compromiso de los países de dotar económicamente el Fondo Verde para el Clima destinado a afrontar los daños producidos por el calentamiento global y financiar la transición energética hacia bajas emisiones de carbono. Los países debían cumplir su promesa de movilizar 100.000 millones de dólares para este año.
Sin embargo, las declaraciones aprobadas tan solo «animan» a los países a presentar sus NDC con mayor ambición. Esto se ha traducido en que tan solo 84 países se han comprometido a presentar planes más duros para este año, entre ellos se encuentran Alemania, Francia, España y Reino Unido, quedándose fuera EEUU, China, India y Rusia (que juntos suman alrededor del 55% de las emisiones mundiales de efecto invernadero). Además, no se ha conseguido desarrollar el Artículo 6, debido a los intentos constantes de Brasil y Australia de debilitar los mercados. Quedándose, así, lejos de alcanzar los «Principios de San José» que publicaron un grupo de 29 países (incluida España), y los cuales recogían 11 condiciones que van desde asegurar la integridad ambiental hasta evitar la doble contabilidad, o bloquear tecnologías incompatibles con la reducción de emisiones. Tampoco, se ha conseguido completar el Fondo Verde para el Clima. Uno de los países responsables es EEUU incapaz de reconocer su deuda histórica.
Otro de los temas a tratar en esta Cumbre fue la revisión y aprobación de la segunda fase del Plan de Acción de Género (PAG). Hubo negativa por parte de muchos países de incluir la agenda de género en los compromisos para frenar el cambio climático y las negociaciones estuvieron paralizadas. Fue necesaria la presión de los sindicatos y organizaciones sociales para que acordaran, en la recta final, un nuevo PAG.
Un tema que ha estado en el centro de muchas negociaciones es la Transición Justa. La transición energética (y ecológica) debe ser una «transición justa sin dejar a nadie atrás», pero más allá del eslogan, esto significa que el necesario cambio a un modelo de producción libre de emisiones de gases de efecto invernadero debe ser realizado con criterios de justicia social e igualdad donde se tenga en cuenta a trabajadoras y trabajadores y los territorios afectados por el proceso, luchando contra la pobreza y contra todas las formas de discriminación y desigualdad social. En este sentido se debe establecer medidas de protección social; aportar alternativas reales y creíbles para las personas y territorios afectados; tener una planificación previa, y esto tiene que ver con tener un compromiso político claro, a medio y largo plazo; por último, controlar y garantizar los fondos económicos destinados a tal fin.
Esta Cumbre ha demostrado la inoperancia del multilateralismo para abordar la crisis climática, corriendo el riesgo de perder la credibilidad y ampliar la brecha que les separa de la sociedad civil y la ciencia. También, se ha visto la falta de compromiso y actitudes «negacionistas» de los países que más emisiones de CO2 emiten. Por ello, y desde la responsabilidad compartida que todos tenemos, es necesario que otros actores como administraciones locales o regionales aumenten su ambición para cambiar el modelo productivo y reducir las emisiones, definiendo estrategias y compromisos en la lucha contra el cambio climático, a la vez que generen más oportunidades económicas y empleo.
* Secretaria de Medio Ambiente y Movilidad de CCOO Córdoba @AzaharaMerino
