Las ciudades son el espacio más dinámico de transformación social y económica, la cercanía entre el gobierno y la ciudadanía hace posible una fuerte interrelación que permite fértiles y dinámicas experiencias de transición hacia otro modelo productivo más sostenible y un sector muy importante de esa transición es la referente a la energía.
El actual modelo productivo, soportado por el viejo paradigma del crecimiento continuo, ha disparado la crisis ambiental, con el cambio climático como una de sus caras más visible y peligrosa; la crisis económica y social que padecemos, aumentando las desigualdades sociales empujando a millones de personas a la exclusión social y la pobreza, con la pobreza energética, como una de las formas de la misma, que se ha visibilizado en los últimos años.
Los importantes consumos de electricidad de nuestros ayuntamientos, su capacidad de articular y regular la movilidad y gestionar el transporte público urbano permiten la intervención de los gobiernos municipales en esta tarea a la vez que sus actuaciones juegan un importantísimo papel educativo de la ciudadanía por el carácter ejemplarizante de las mismas.
Si bien las administraciones locales en nuestro país están fuertemente encorsetadas por la legislación emanada en los últimos por el Gobierno estatal del Partido Popular y manejan un porcentaje inferior al 15% de los Presupuestos del Estado, se pueden aún desarrollar acciones y herramientas para avanzar en la senda de la transición.
Las ciudades firmantes de La Carta de Alborg, el Pacto de Alcaldes, la red C40 de ayuntamientos y otras redes similares de ciudades se mueven en esa dirección dentro y fuera de nuestro país.
El impulso a la transición energética, basada en las energías renovables, el impulso de la movilidad sostenible, el ahorro la rehabilitación energética de viviendas y edificios, en nuestras ciudades tiene efectos inmediatos en la mejora de la calidad del aire y más a largo plazo en la tarea de frenar las emisiones responsables del cambio climático, afrontar el descenso de producción de combustibles fósiles baratos, de calidad y fácil acceso y acometer la lacra de la pobreza energética.
Adicionalmente las tecnologías basadas en las energías renovables crean mayor cantidad de empleo por unidad de energía provista y buena parte de ese empleo se genera en la ciudad.
En los años 90 algunos gobiernos locales iniciaron ese camino con la puesta en marcha de Agencias Locales de Energía, así en Córdoba fue aprobada por el pleno municipal en la legislatura 95-99, aunque no llegó a desarrollarse.
En Córdoba la factura eléctrica del ayuntamiento y los servicios municipales que proporciona se acerca a los 8 millones de euros. Ya los 51 acuerdos de gobierno de nuestra ciudad recogían la propuesta de aumentar la eficiencia y ahorro energético, la instalación de energías renovables y la puesta en marcha de un operador energético.
En la actualidad varios ayuntamientos dentro de nuestro país, Barcelona, Pamplona, Madrid o Córdoba se están convirtiendo en punteros en el impulso de la transición energética democrática y justa del sector eléctrico, consumiendo y produciendo electricidad de 100% origen renovable y/o poniendo en marcha o desarrollando operadores eléctricos y empresas eléctricas municipales.
Otra característica de estos procesos es la extensión de la participación en la empresa a la población, si bien por ahora restringida a los máximos que la actual legislación permite
En los presupuestos municipales del pasado año y en los actuales ya se recogían partidas presupuestarias para desarrollar estas propuestas.
Animo a nuestro ayuntamiento a culminar con prontitud este camino que aporta mayor calidad del aire, disminuye las emisiones de efecto invernadero, genera ahorros económicos y riqueza local, crea empleo de calidad, permite afrontar la pobreza energética y lo que no es menos importante, posibilita el control democrático de este proceso de transición energética.
* Miembro de la Ejecutiva Federal de EQUO, pte. Fundación EQUO y experto en cambio climático
