Una de las consecuencias de la crisis es la mutación que ha experimentado la figura del falso autónomo. Si hasta antes de la crisis este tipo de relación laboral se daba sobre todo en profesiones poco cualificadas, ahora se extiende por profesiones liberales y en el mundo de la medicina e incluso de la investigación. El modelo de recuperación low cost por el que ha apostado España para salir de la crisis mediante la reforma laboral que introdujo el PP tiene como consecuencia que hoy se estime que hay en España 200.000 falsos autónomos, lo cual supone un coste a la Seguridad Social de unos 290 millones anuales de euros. El Gobierno ha anunciado un plan para combatir esta práctica. Y la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, afirmó que «se va a intensificar la acción de la Inspección de Trabajo». No debería ser tan difícil de discernir: si los horarios los marca la empresa, el trabajo se desarrolla en sus instalaciones y con su material, en la gran mayoría de los casos se trata de un trabajador por cuenta ajena. La trampa de emplear falsos autónomos no solo tiene consecuencias sobre los trabajadores, sino que contribuye a uno de los principales problemas del mercado laboral español: con sueldos bajos, trabajos precarios y picarescas como esta, con un trabajo de baja calidad, en definitiva, las cotizaciones a la Seguridad Social y el consumo se resienten hasta poner en peligro el sistema económico español.
