Desde hace unos meses la burocracia eclesiástica de nuestra ciudad está publicitando a bombo y platillo un macro "vía crucis" --sábado 14 de septiembre-- en el que participarán más de una docena de cofradías con sus imágenes de culto. La iniciativa pretende tomar las calles de Córdoba, hacer que todas las actividades de la ciudad se subordinen al "sacro" espectáculo. La excusa: mostrar públicamente las obras de arte, los pasos procesionales a su fieles mediante la "recuperación de una tradición" que hasta ayer no existía. El mal disimulado objetivo político: exhibir una fuerza ficticia --cómputo de asistentes al evento-- que pueda contrarrestar otras cifras que demuestran debilidad (pobre asistencia a los templos, una sociedad que opta cada vez más por los matrimonios civiles, ciudadanos que se niegan a marcar la casilla de la Iglesia en su declaración de renta, falta de vocaciones...).

Si todo el coste del montaje para realizar la procesión múltiple corriese a cargo de los organizadores y las instituciones públicas se limitaran a poner a disposición de ellos la misma infraestructura que se ofrece a otros actos con público, nada tendríamos que objetar. Allá cada cual con sus creencias particulares, por muy raras que parezcan. El problema surge cuando los políticos electos, encabezados por un alcalde disfrazado de niño-cantor del Coro Vaticano, entonan un "Amén" sin rechistar, y creyéndose coautores del evangelio atribuido a Mateo les dicen día tras día: "Pedid y se os dará".

En este caso, según se dice en las web de los organizadores, se les da: -la instalación, con trabajadores e infraestructura municipales, de palcos y sillas en espacios públicos, que se podrán reservar previo pago a "los organizadores". Y se pide que la Policía Municipal prohíba el paso a quienes no tengan reservado silla; -el colapso de gran parte de la ciudad desde los alrededores de la Mezquita hasta los distintos barrios y calles que permitan el desplazamiento de tallas desde casi todas las iglesias, con los 400 los agentes municipales para controlar el tráfico y garantizar el orden.

Y esto lo hará un Gobierno municipal --el del PP cordobés-- que mientras tanto nos quita derechos, servicios y personal público con la excusa de la crisis, que está despidiendo desde hace meses a empleados de distintos organismos municipales en Deportes, Empleo, Urbanismo y que no oculta el deseo de privatizar las empresas públicas emblemáticas de la ciudad (Sadeco, Aucorsa...). Siempre con la excusa de "ahorrar costes a las arcas municipales".

Esto sucede porque: -no hay un gobierno municipal "serio" y responsable que, garante de los derechos de toda la población que los ha elegido, minimice el impacto de la avasalladora invasión de espacios comunes: no existen intelectuales que adviertan y denuncien el anacronismo del evento que recuerda el "nacional-catolicismo", tan peligroso para las libertades; -la población de Córdoba no actúa como una ciudadanía del siglo XXI, instruida y respetuosa, que exige su derecho a que sus espacios de convivencia no sean ocupados --cada vez más frecuentemente-- por grupos ultramontanos y reclama circular en paz en su propia ciudad. Mientras centenares de cordobeses han recibido en el último año notificaciones de multas por ocupar una pequeña parte de la vía o aceras públicas para manifestarse contra la crisis, cierres de empresas, recortes o desahucios. Claro que el subdelegado del Gobierno que impone las sanciones pide la solución de los problemas, de rodillas, a la Virgen del Socorro ("Con toda mi humildad y mi fe, te pido que ayudes a Córdoba y a España entera en esta etapa difícil de nuestra gran Historia").

Y, por supuesto, nada de esto pasaría si la religión fuera una cosa de "creencias" personales y no un instrumento de poder de las iglesias sectarias, que cuentan con la complicidad institucional y la pasividad ideológica de un público acrítico atraído por los aspectos folklóricos y la parafernalia.

Fenómenos de este tipo suelen darse más en las sociedades menos evolucionadas cultural y económicamente. Casualmente Córdoba es una de las ciudades con más paro de toda Europa, con alta tasa de familias por debajo del umbral de la pobreza y cada vez menos servicios sociales y medidas de atención e integración. Quizás esta macroprocesión haga desaparecer el paro y los desahucios, mejore la economía y resuelva todos nuestros problemas. Aunque algunas personas "de cortas luces" veamos en ello altas dosis de superstición. Y los primitivos cristianos verían sólo pura idolatría.

Las sociedades gobernadas teocráticamente siempre excluyen a una parte de sus miembros. La única sociedad que garantiza los derechos y la libertad de todos sus componentes, creyentes y no creyentes, es la laica, precisamente por tener en su eje central de actuación la neutralidad en las relaciones públicas. Los cargos públicos pueden tener creencias religiosas. Pero en su acción de gobierno deben dejarlas en casa y no dedicarlas a engordar, como hace el conservadurismo hispano de manera tan descarada, el clericalismo.

* Este artículo lo firma también Juan Rivera Reyes, miembros de Córdoba Laica y del Colectivo Prometeo