La precariedad laboral ha llegado en muchos casos a tales extremos que una persona con empleo puede verse obligada a vivir en la calle. Descubrir que no todos los «sin techo» ni todas las personas sin hogar son excluidos o personas al margen de la sociedad es un factor nuevo, no en la historia, sino para un país como España, donde en las décadas anteriores a la actual crisis económica esta situación era infrecuente. Ayer, en la quinta edición de las Jornadas de buenas prácticas de intervención con personas sin hogar, organizadas por el Ayuntamiento de Córdoba, el profesor Albert Sales señaló que en Barcelona se calcula que el 16% de las personas que viven en la calle tiene un trabajo remunerado, y, extrapolando los datos a Córdoba, la estimación es que una de cada diez personas en estas circunstancias tiene un empleo que no le da para el alquiler. El dato, tan crudo como inaceptable, muestra a las claras la deshumanización que se ha instalado con la crisis económica en nuestra sociedad. Por una parte, no es fácil que alguien quiera alquilar una vivienda a alguien «que ha estado en un albergue». Por otra, no hay suficiente vivienda social como para atender esta necesidad urgente. Finalmente, lo eximio de los sueldos y las condiciones abusivas de las relaciones laborales son un muro que va excluyendo a los que se ven en dificultades. Este es uno de los graves problemas que deben reclamar la atención de las instituciones.