Escena 1: Un punto indeterminado del Estrecho. Una noche sin luna. Una patera medio a la deriva. Alguien llama a un móvil comunicando la angustiosa situación sin poder dar información precisa. La persona que recibe el aviso se pone inmediatamente en contacto con Salvamento Marítimo. Al cabo de unas cuantas horas una patrulla localiza la embarcación. Cuerpos temblorosos envueltos en mantas. Miseria. Miseria y salvación.
Escena 2: Tánger, sede del Tribunal de Apelación. Un juez tiene encima de la mesa un expediente que acusa a una mujer. La mujer se llama Helena, Helena Maleno. Pertenece a la ONG Caminando fronteras. Es la mujer que coge el teléfono y salva gente. Lleva varios días con fiebre y está afónica. Si las cosas se tuercen puede ser acusada de tráfico de personas. El juez le pregunta que si sabe qué es la inmigración irregular. Ella defiende la inmigración legal por vías seguras. El juez le dice dos veces que la policía marroquí no tiene indicios contra ella (después de pincharle el teléfono dos años), pero que debe interrogarla a causa del expediente que le ha enviado la policía española. Helena responde que la Audiencia Nacional archivó en abril ese expediente: hacer llamadas de socorro a Salvamento Marítimo no es constitutivo de delito. El juez necesita confirmación oficial para dejarla tranquila y la vuelve a citar para el 31 de enero. Más días de tensión para Helena y su familia, más de lo mismo.
No hay que ser excesivamente mal pensado para imaginar otra escena (escena 3): unos meses antes de la comparecencia de Maleno ante el juez, en la oficina de la Unidad Central contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales, alguien recibe un toque desde arriba, que sí, que muy bien, que el juez de la Audiencia Nacional podía decir misa pero que había que seguir moviendo el tema, que había que actualizar el dosier con todos los registros de llamadas y mandarlo a Marruecos. Y punto.
Esta es más o menos la película. El Ministerio de Interior de un estado democrático y avanzado poniendo a una luchadora por los derechos humanos en el punto de mira judicial de un país extranjero. El gobierno de un país europeo criminalizando el auxilio a los que huyen de la miseria, exponiendo a la incertidumbre procesal a una activista premiada en 2014 por la Unión Progresista de Fiscales, a una mujer cuya labor solidaria evidencia la falta de humanidad de la política migratoria en el sur del viejo y podrido continente.
Estaría bien que la película acabara así (escena 4): el juez marroquí recibe confirmación de que el expediente ya fue archivado por la justicia española y acaba con el asunto sin complicarse lo más mínimo. Helena Maleno sigue salvando vidas. El relator de derechos humanos de la ONU pone el grito en el cielo. El ministro de Interior dimite ante la presión social y mediática. Tal vez un final demasiado feliz. No me lo creo ni yo.H
* Profesor del IES Galileo Galilei
