El Tribunal Constitucional ha anulado por unanimidad el decreto por el que el Gobierno aprobó en el 2012 la «regularización» que permitió aflorar dinero oculto con una única tributación del 10%, y que a todos los efectos fue una amnistía fiscal destinada a obtener fondos para compensar el déficit público. La sentencia, que estima el recurso presentado por el Grupo Socialista del Congreso, resulta a todas luces tardía, pues, por el principio de seguridad jurídica, no afectará a las regularizaciones que ya sean firmes, en torno a 31.000. Al fallo del Alto Tribunal ha seguido la petición, por parte de grupos políticos y técnicos de Hacienda, de la dimisión del ministro Cristóbal Montoro, que fue el que la puso en marcha y que ya ha solicitado una comparecencia parlamentaria. Desde el Ministerio de Hacienda, en una primera valoración, se aduce que el TC se basa en el aspecto formal --la medida se reguló a través de un decreto ley-- pero silencia que la sentencia dice que la amnistía fiscal «supone la abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos». Una medida vergonzante e injusta, que para el TC vino a respaldar a los defraudadores, y que, al trascender los nombres de algunos de sus beneficiarios --desde Luis Bárcenas hasta Rodrigo Rato o la familia Pujol-- permitió ver cómo había facilitado las cosas a personas investigadas en el marco de diversas tramas de corrupción. La amnistía fiscal fue un paso ofensivo para todos los contribuyentes, en medio de una crisis económica salvaje en la que la desigualdad de trato añadió un plus a la indignación social. Y, para colmo, apenas se ingresaron 1.200 millones de euros. Ahora, aunque tarde, la justicia pone las cosas en su sitio y deja al ministro Montoro contra las cuerdas, cuestionando su continuidad.
