El incendio del plástico almacenado en la planta de reciclaje Recicor XXI, situada en la carretera de Guadalcázar, pone el acento en las grandes dificultades de las administraciones para comprobar si se está haciendo un cumplimiento riguroso de la extensa normativa que regula las actividades nocivas o peligrosas. De las informaciones facilitadas desde que se produjo el incendio por el Ayuntamiento, Guardia Civil y Junta de Andalucía se deducen varias posibles infracciones. Por una parte, que la planta del Grupo Barea no se ajustaba a determinados requisitos urbanísticos, pues había extendido los elementos objeto de reciclaje y acumulación en vertedero más allá del espacio delimitado para ello. Por otra, queda la incógnita de si se habían subsanado las deficiencias detectadas por la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía en el 2016, pues todavía no hay conclusiones oficiales al respecto. Además, pasado un mes desde el siniestro, se desconocen las causas que lo originaron y tampoco hay informe del posible impacto medioambiental producido por los plásticos quemados, que ardieron durante varios días. Aparentemente, no ha habido perjuicios para la población dada la distancia de las zonas habitadas, pero eso lo debe acreditar alguna instancia oficial, como reclaman con razón el Ayuntamiento de Córdoba y el de la entidad local autónoma de Encinarejo.

De momento, el Ayuntamiento de Córdoba ha instado a Recicor XXI a paralizar parte de su actividad, a justificarla mediante un informe técnico y a regularizarla en el aspecto en el que Urbanismo encuentra incumplimientos. Pero el informe de la Junta de Andalucía sigue sin llegar, y sin que la Delegación de Medio Ambiente explique los motivos de la tardanza, que pueden ser perfectamente razonables pero se desconocen.

Lo cierto es que, si no se hubiera producido el siniestro del pasado 8 de octubre, los ciudadanos desconoceríamos que la actividad de Recicor no se ajustaba plenamente a lo autorizado. En realidad, pocos conocían la existencia de la planta. La normativa medioambiental es exigente y rigurosa, y conseguir una autorización para unas instalaciones de estas características, que llevan operando sin problemas desde el año 2010, requiere una gran profesionalidad, solvencia y acreditación por parte de las firmas adjudicatarias. Todo hace pensar que falta en nuestras administraciones un mayor control del cumplimiento de esas normas exhaustivas, sin el cual estas quedan vacías de contenido por muy completas que resulten. Esto ocurre en muchos terrenos, desde la inspección laboral hasta la fiscal o la urbanística (como acreditan tristemente las numerosas parcelaciones ilegales de Córdoba, que si se hubieran frenado en su momento no serían hoy un grave problema para la ciudad), pero cuando se trata de la salud pública es imprescindible extremar la vigilancia.