No sé a usted, querido lector/a, qué le parecerá, pero hay una cuestión que a un servidor le viene rondando la cabeza casi de una manera impertinentemente existencial: ¿se puede proscribir a un partido político por el hecho de que sea contrario al orden constitucional? Por supuesto, como se habrá percatado no es una pregunta inocente, pues tiene que ver bastante con el hartazgo a nivel de calle y generalizado de que partidos políticos que no solo van contra el sistema establecido, sino contra nuestra Constitución puedan utilizar precisamente ese sistema democrático para subvertirlo. Y, lo que es peor, para que paguemos, en todos los órdenes, a saber, el moral, el social, el económico y el político, las consecuencias negativas. Para muestra ahí están las que ha provocado la lacra independentista catalana. Pero es que lo peor es que ahora, por mor de la nueva convocatoria plebiscitaria vuelven a la carga y traen consigo de nuevo la misma amenaza: intentar no solo morder la mano que les da de comer, sino devorarla por completo.
A la pregunta que planteamos, si se quiere ser ortodoxo, la respuesta es negativa: la aceptación de un régimen de partidos políticos implica la legitimidad de cualquier proyecto de ordenación de la sociedad, siempre que respete las formas jurídicas de representación. Hasta aquí, como hemos dicho, siendo ortodoxos. Pero ahora siendo honestos, convendría preguntarse por las consecuencias que se derivarían de la posibilidad de la conquista del poder, en forma perfectamente democrática mediante las urnas y el juego electoral, de una alternativa que negase el sistema. ¿Tendríamos que aceptar otra intentona secesionista/independentista y sus consecuencias? Está claro que la lógica y el sentido común dictan que no. Aunque el reto tendría que ser aceptar la dejación de nuestros principios democráticos al objeto de evitar su menoscabo.
Mientras no solucionemos esta cuestión tendremos nuestro propio enemigo en casa: los que van contra el sistema.
* Mediador y coach
