Cuando estalló el caso ERE, y cuando fue imputado, había algo en las declaraciones de José Antonio Griñán de las que se destilaba su convicción de que los sinvergüenzas habían sido otros, por lo que él no esperaba verse en la situación que hoy sufre, condenado a seis años de prisión y 15 de inhabilitación. Muchos pensamos en el exconsejero de Hacienda y expresidente de la Junta de Andalucía como una persona que moralmente no se merece lo que le pasa. Pero los hechos, la falta de vigilancia que permitió proliferar a una monstruosa red clientelar y trajo una paz social «regada» a Andalucía y de la que se aprovecharon muchos que irán cayendo en las sucesivas piezas del caso ERE, lo han conducido a la sentencia condenatoria que conocimos ayer y de la que iremos sabiendo según leamos en todo o en parte sus 1.800 folios. Parecida sensación es la que produce la condena de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, de la que el concepto general siempre fue positivo. Ella y Griñán caminaron juntos durante unos años en el Gobierno de la Junta de Andalucía y ahora, aunque recurran la sentencia ante el Tribunal Supremo, han sido condenados. Para la Audiencia de Sevilla, eran conscientes, permitían y facilitaban el uso de fondos públicos prescindiendo del procedimiento establecido legalmente, desatendiendo los informes del interventor y, en suma, permitiendo las acciones del mayor vividor de la Junta de Andalucía, Javier Guerrero, al que, pese a que no debió andarse con muchas cautelas en la distribución de la lluvia de millones, mantuvieron sucesivos gobiernos andaluces en su cargo. La sentencia demuestra que no basta con no enriquecerse ilícitamente para salvarse del mazo de la ley, y es un mensaje claro para los responsables políticos de todas las instituciones. Así, muchos de los beneficiarios --lícitos, ilícitos y de ética discutible-- del dinero del contribuyente que se gastó a mares desde la Junta de Andalucía vivirán felices y comerán perdices. La pregunta es ahora si el escarmiento ha sido suficiente y si tras el caso ERE Andalucía será capaz de entrar en una nueva etapa, no solo política --en la que ya está-- sino ética y de regeneración.