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Editorial

Si el consenso se hace imposible

 

13/02/2018

Transcurridos casi ochenta años del final de la guerra civil española, es hora de cerrar ese duro capítulo de nuestra historia. La Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, que se aprobó en el Parlamento andaluz en marzo del año pasado, persigue el cierre de las heridas que todavía se arrastran de la guerra civil española y de la larga posguerra y la reparación de las víctimas. Su punto más importante, como indicaba anoche la alcaldesa, Isabel Ambrosio, es la localización, identificación y entierro digno de los restos de las personas represaliadas por el franquismo, que en Córdoba se estiman en 4.000. Pero la ley incluye otros aspectos, como la eliminación definitiva --lo más importante ya se hizo-- de los símbolos franquistas, incluido el cambio de nombres de las calles dedicadas a personas relacionadas con el golpe militar de 1936 o la represión posterior. En el dictamen de la Comisión de la Memoria Histórica que hoy se someterá a votación en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba se señalan, en este último apartado, quince calles, de las cuales cinco han suscitado controversia entre quienes opinan que los méritos de estos personajes --como Pemán-- o su labor a favor de la ciudad --casos de Antonio Cañero, el Conde de Vallellano o José Cruz-Conde-- son más relevantes que su papel en la dictadura, y quienes exigen el cumplimiento del dictamen sin mover una coma. Y eso se traducirá en una gran división en el Pleno.

Todo el mundo está de acuerdo en la defensa de la ley y en el respeto a las víctimas, pero han surgido distintas interpretaciones –baste saber que en Cádiz mantienen la calle de Pemán, y en Madrid la de Vallellano, siendo ayuntamientos de izquierdas--, que se han visto complicadas por la falta de claridad y contradicciones de algunas propuestas. Habrá que nominar de nuevo esas calles, y ahí se ha apelado a «soluciones imaginativas», como reducir a «Vallellano» o añadir «escritor» a Pemán, que, avancen o no, crearán nuevas disputas. Ese es el debate político que se traslada al conjunto de la ciudad, sin aparente solución de continuidad al faltar el diálogo que permita alcanzar soluciones aceptadas por una gran mayoría. El PP propone un referéndum, y recoge firmas para defender su postura, en la que coinciden parcialmente Ciudadanos y UCOR. Así las cosas, las reticencias de PP y Cs en el Parlamento andaluz, aunque no se tradujeron en un voto en contra, se extienden al debate actual, en una indeseada falta de consenso que se saldará hoy con la aprobación del dictamen con los votos favorables de PSOE, IU y Ganemos. Una gran división municipal solo por ese desacuerdo, sabiendo además que el resultado de la votación no frenará la polémica ni su uso electoralista.

El respeto a la memoria y el cumplimiento de la ley deberían hacerse por unanimidad, ya que la reparación a las víctimas llega tan tarde, pero parece imposible.

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