La segunda huelga de Ryanair este verano ha vuelto a dejar a decenas de miles de afectados. El aviso con antelación de la cancelación de vuelos por parte de la compañía irlandesa evitó largas colas de pasajeros ante los mostradores de la aerolínea, ya que muchos encontraron una alternativa para viajar. Sin embargo, la relativa tranquilidad en los aeropuertos no debería desviar el foco del hecho de que igualmente hay viajeros damnificados, con sus derechos. Merece la pena destacarlo, por cuanto la low cost se niega a indemnizar a quienes sufrieron los paros del 25 y el 26 de julio. La huelga de julio y la de ayer son diferentes (aquella fue de tripulantes de cabina y esta de pilotos). Pero las razones son parecidas: los trabajadores exigen mejores condiciones, un convenio colectivo y acogerse a la legislación laboral de su país. Reclamaciones respetables, que irían en beneficio no solo de los empleados sino del conjunto de la economía, ya que ahora cotizan en Irlanda, con la pérdida que supone para la Seguridad Social del país donde viven. Los paros han aflorado los pies de barro del modelo de precios bajos de Ryanair. Uno puede aceptar viajar más barato a cambio de viajar más incómodo, pero en ningún caso debe permitirse que sea a costa de racanear derechos a los consumidores y los trabajadores. La aerolínea ha calificado la huelga de «injustificable», enrocándose en una posición que difícilmente llevará a solucionar el conflicto laboral.
