Estoy esperando que la policía llegue a mi casa, porque seguro que la Junta de Andalucía ya me ha denunciado ante el Ministerio Fiscal por llevar a mi hijo a un colegio de Educación Diferenciada, Altair, donde lo «segregan» e igual pasará en la casa de miles de padres, privados y concertados, que llevan a sus hijos a este tipo de centros. Realmente nuestros políticos ya están demostrando que nuestra Educación no funciona porque desconocen el significado de la palabra «segregar» y lo utilizan peyorativamente para atacar derechos y libertades reconocidas en nuestra Constitución y avaladas repetidamente en sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. La enésima reforma de la Ley de Educación se centra en ofensivas a la libertad de los padres, queriendo acabar con: los conciertos a la diferenciada, la clase de religión, la demanda social... Es una reforma puramente ideológica, no consensuada --pese a lo que diga nuestra ministra-- y elaborada con nocturnidad y alevosía. En ninguna de las propuestas del ministerio de modificación de la Lomce veo iniciativas para mejorar la calidad de nuestro sistema educativo; no veo que esté plasmada la opinión de los profesores --motor del verdadero cambio pedagógico en el aula-; no veo que se haya escuchado las necesidades de los centros y mucho menos la opinión de los padres. Sigo esperando a la policía porque mi hijo sigue en Altaír, como 1.200 alumnos más que han elegido este centro libremente porque consideran que es el mejor colegio para sus hijos.
