Se ha discutido mucho si la sentencia del Tribunal Supremo sobre el proceso ilegal independentista debió condenar por rebelión en vez de por sedición. Me imagino que el hecho de que al final se decantaran por la sedición fuera que en ello había unanimidad, y pesaba más eso que la propia calificación, evitando así cualquier voto particular disidente de la rebelión. La transcendencia de la esperada sentencia es tan fundamental para reafirmar la legalidad y la democracia que los actos delictivos juzgados conculcaron, que era primordial e imprescindible la unidad del citado tribunal. Y más allá de la calificación y penas de los condenados, hay dos ideas esenciales declaradas en la sentencia. La primera, que la expresión «derecho a decidir» en la que se justifica y argumenta el movimiento secesionista no lo contempla ni la Constitución, ni el Estatuto catalán ni los tratados internacionales suscritos por España, por lo que los condenados actuaron sin legitimidad alguna, conculcando las leyes y el ordenamiento jurídico español. Y la segunda y más importante, que los condenados engañaron a los «ilusionados ciudadanos» haciéndoles creer que su participación era vinculante para la vana prometida independencia, construyendo un artificio engañoso para movilizarlos con el «señuelo» de un supuesto «derecho a decidir», cuando el único y claro objetivo era persuadir y presionar al Gobierno español.

Lo realmente preocupante es que este engaño sigue siendo utilizado por los cargos públicos separatistas alentando las movilizaciones contra la sentencia del procés, que no son ejercicio del derecho de manifestación, sino una continuidad del delito de sedición por el que han sido condenados los políticos presos. Según el Código Penal, es sedición el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza y fuera de vías legales, la aplicación de las leyes, el ejercicio legítimo de funciones de autoridad y el cumplimiento de resoluciones administrativas y judiciales. Y es sedición lo que se está viviendo estos días en las calles de Barcelona y resto de ciudades catalanas con corte de carreteras, barricadas en las calles, colapso del aeropuerto y demás infraestructuras, disturbios. Todo ello inducido, sostenido, dirigido, provocado y propuesto entre otros por Puigdemont, Torra, Guardiola, Rufián, e incluso por alguno de los propios condenados. Está claro que el activismo de Tsunami Democratic está sustentado económicamente por el gobierno catalán, del que se sirvió anteriormente para la adquisición y ocultación de las urnas y papeletas. Ahora es utilizado para coordinar grupos de violencia y actuaciones de colapso programadas, continuando la sedición. Lo preocupante es que la actuación de los violentos es difícil de controlar por los irresponsables políticos separatistas, comprometiendo la convivencia y el orden público. Hasta que se revuelva contra ellos, por estafa, engaño y fraude al pueblo catalán, pues los CDR ya exigen a Torra que proclame la república. ¿Cómo controlar a quienes jaleas y dices que «aprieten» y a la vez engañas? La sedición continúa, pero puede que también contra el propio movimiento independentista. Y todo, por una mentira.

* Abogada