Una cuestión de «decencia política». Estuvo acertada la ministra de Educación y portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, al calificar de esta forma la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de derogar la reforma sanitaria del PP de hace seis años que retiró la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular. El Ejecutivo del PSOE devuelve a España el derecho a la sanidad universal, uno de los principales motivos de orgullo del Estado del bienestar español.
La exclusión de inmigrantes en situación irregular fue aprobada por real decreto por el Gobierno de Mariano Rajoy al poco de llegar al poder, en plena crisis y dentro de un paquete de recortes en gasto social. El decreto dejaba fuera a los inmigrantes que no estaban dados de alta en la Seguridad Social (algo imposible de hacer sin un permiso de trabajo). En su momento afectó a 800.000 personas y se calculó que supondría un ahorro de casi mil millones. A cambio, se negaba que la sanidad fuera un derecho, se mutilaba el sistema del bienestar español y se creaba un riesgo sanitario al dejar a miles de personas fuera del sistema. Hacía pagar a los más débiles parte de la factura de la crisis. Comunidades como Andalucía se negaron a aplicar el decreto. Con esta decisión, Sánchez devuelve la sanidad española al lugar en el que nunca debería haber dejado de estar.
