Mucho antes de lo previsto, apenas una semana después de su toma de posesión, Pedro Sánchez ha vivido su primera crisis de Gobierno. El titular de Cultura y Deporte, Máxim Huerta, abandonó su cargo después de que se hiciera público que fue condenado en el 2017 por fraude fiscal en los ejercicios 2006, 2007 y 2008, según dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La cifra defraudada a Hacienda asciende a un total de 218.322 euros.

Desde el momento en que se hizo pública la noticia, resultó evidente para todo el mundo (excepto quizá para el propio afectado) que Huerta no podía seguir en el Gobierno por dos motivos. El primero, de principios: alguien que ha sido condenado por defraudar a Hacienda no puede formar parte de un Gobierno que gestiona dinero público. El segundo, político: después de que Sánchez llegara al poder tras una moción de censura motivada por los escándalos de corrupción del PP, era imperativo que el nuevo presidente del Gobierno actuara con ejemplaridad.

La primera tentación, sin embargo, no fue esa, como prueban las entrevistas radiofónicas que concedió Huerta en las que insistió en que se trataba de un malentendido con Hacienda. Es cierto que Huerta acabó saldando sus deudas con el fisco, y también lo es que no fue el único caso en el sector de la cultura y la comunicación que tributó a través del impuesto de sociedades y no del IRPF. Pero ninguno de estos dos hechos contrarrestan que intentó pagar menos impuestos ni la necesidad de ejemplaridad de este Gobierno de Sánchez. Y el hecho de que eso ocurriera años atrás, como argumentó alguna persona en su defensa, tampoco es válido, pues curiosamente coincide la explicación con la utilizada frecuentemente por el PP.

El presidente del Gobierno salva con nota su primera crisis. Si la duración de Huerta en el Gobierno es de récord (apenas seis días) también lo es la celeridad con la que ha abandonado su cargo. En un país donde los cargos suelen aferrarse a la cartera, pese a los titubeos iniciales la crisis se ha solucionado con inusitada rapidez. Sánchez demuestra con hechos que su voluntad de presidir un Gobierno limpio no es solo retórica (lo cual no quita el error original de haber nombrado a Huerta ministro). En este sentido, no es aventurado afirmar que el presidente del Gobierno puede haber salido reforzado de una crisis que le ha llegado demasiado pronto pero que se ha saldado de la única forma posible. Y para la solución ha contado con el andaluz José Guirao, un gestor cultural de reconocida solvencia, persona también de confianza de la vicepresidenta del Gobierno (no olvidemos que fue consejera y ministra de Cultura), Carmen Calvo, con cuyo nombramiento Sánchez parece descartar riesgos y apostar por un valor seguro.