Con el viento a favor de la última encuesta del CIS, que le da al PSOE una cómoda ventaja sobre el PP, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció ayer una rueda de prensa de balance de su Ejecutivo, que apenas tiene dos meses de vida. Esta rueda de prensa estival se ha convertido en una especie de tradición desde que empezó a ofrecerlas José Luis Rodríguez Zapatero. No han pasado aún los tradicionales cien días en que se hace recuento del mandato, pero lo novedoso de la situación acrecentó ayer el interés por esta comparecencia. Todo ha dado un vuelco en el escenario político e institucional de España. Solo hace falta echar un vistazo a la de hace un año para calibrar el cambio ocurrido en estos 12 meses. Entonces, el presidente del Gobierno era Mariano Rajoy y Sánchez acababa de regresar a la secretaría general de su partido. Hoy Sánchez está en la Moncloa, Pablo Casado es el líder del PP y la situación de Cataluña se ha enconado de tal manera que el Govern de la Generalitat de entonces está ahora casi en su totalidad o en prisión o en distintos países de Europa, fuera del alcance de la justicia española.

Sánchez gobierna en tiempos convulsos, pues, sin mayoría en el Congreso y con una oposición y unos supuestos socios que no le darán cuartel. Ya lo ha podido comprobar en sus propias carnes en el Congreso con la fallida votación de la senda de déficit. Consciente de ello, su intervención ante la prensa no fue triunfalista, sino serena, con el claro objetivo de ofrecer una imagen institucional, de estadista. Quiso especialmente despejar de nuevo cualquier duda o especulación sobre sus intenciones: pretende llegar hasta el final del mandato, continuar el camino trazado para «blindar» el estado del bienestar, dijo, lo que a su juicio exige agotar la legislatura. No lo tendrá fácil, y en septiembre, con los presupuestos, tendrá un nuevo escollo. El presidente del Gobierno envió mensajes firmes en el tema migratorio y reiteró que se exhumarán del Valle de los Caídos los restos del dictador Francisco Franco.

Pero fue el tema de Cataluña el que centró gran parte de su intervención. Sánchez fue claro en el marco con el que afronta la crisis institucional: ley y diálogo. No piensa judicializar más lo que considera un problema político y afirmó que sea cual sea la solución, esta pasa por una votación, pero no sobre la secesión, un proyecto que no cuenta con el apoyo de la mayoría de los catalanes, sino sobre una reforma del Estatut o de la Constitución que sí tenga un respaldo mayoritario en la sociedad catalana. De esta forma, pone presión en el campo independentista, ya que le niega la mayor: su estrategia de arrogarse la representación de toda Cataluña cuando el independentismo nunca han logrado una mayoría en votos en ninguna de las votaciones celebradas. Sánchez no evita el debate político en el tema, aunque recalcando que siempre dentro del ámbito de la ley.